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El senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río, quienes pidieron ser acreditados como víctimas en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, quieren alejar al magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito de la casación que la Corte Suprema de Justicia debe definir próximamente.
Condenado en primera instancia y absuelto en segunda, Uribe se enfrentará al principal tribunal de la justicia ordinaria en la etapa de casación que impulsan la Fiscalía y la contraparte civil del exmandatario. El ente acusador radicó el recurso el 15 de enero, y la Corte lo sorteó días después.
El Tribunal Superior de Bogotá revocó en octubre la condena que en agosto impuso la juez Sandra Heredia por soborno a testigos y fraude procesal. La segunda instancia tumbó todos los cargos y le dio un nuevo giro a un convulso proceso que está próximo a cumplir catorce años.
La casación, que el congresista Cepeda como víctima anunció ni bien el Tribunal leyó su sentencia, cayó por sorteo en el despacho de Solórzano. El paso siguiente es admitir o rechazar el mecanismo legal, citar a una audiencia de sustentación, radicar una ponencia y fallar.
En abril de 2022 Carlos Roberto Solórzano Garavito era parte de una lista de candidaturas para suceder a Patricia Salazar Cuéllar. Los altercados internos en la Corte Suprema de Justicia retrasaron su elección por más de un año, hasta que finalmente obtuvo un codiciado puesto en la Sala de Casación Penal.
Solórzano, presidente y ponente a la vez
Ahora, en enero de 2026, el nombre de Solórzano ganó más notoriedad. En la misma semana se convirtió en el presidente del máximo paraninfo al que un penalista puede aspirar, y en el ponente de uno de los casos más discutidos en estrados y aulas de Colombia.
Le quedan meses al proceso de Uribe. Luego de Solórzano, la deliberación sobre las pruebas y los testigos que presentaron tanto la Fiscalía como la defensa de Uribe —en cabeza del penalista Jaime Granados—, y de los "yerros" que las partes alegan, dependerá de siete magistrados y una magistrada más.
Es probable que tengan que entrar conjueces, de acuerdo con las controversias sobre impedimentos. La magistrada Myriam Ávila y los togados Diego Corredor y Gerson Chaverra ya participaron en una determinación clave sobre Uribe: la tutela que en septiembre de 2025 confirmó su libertad.
La Sala Penal escogió el 21 de enero, en su primera sesión ordinaria del 2026, a Solórzano Garavito como presidente, en reemplazo de Ávila. El magistrado Jorge Hernán Díaz Soto será la mano derecha del jurista de casi 37 años de experiencia, como su vicepresidente.
Miguel Ángel del Río, representante de la médica Deyanira Gómez —exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, presentado durante el juicio como testigo estrella—, y Reinaldo Villalba, defensor de Cepeda, recusaron a Solórzano por un supuesto conflicto de intereses.
¿La imparcialidad de Solórzano, afectada?
El escrito, de nueve páginas y que La FM conoció, se refiere a un hijo del togado que trabaja junto al procurador Bladimir Cuadro Crespo, delegado en la causa contra Uribe. Cuadro fue uno de los apelantes de la decisión condenatoria de primera instancia que se tornó en la absolución.
Carlos Roberto Solórzano Rojas, hijo del magistrado Solórzano Garavito, trabaja en la Procuraduría General de la Nación desde mayo de 2024. Empezó en el ente de control nueve años después de desempeñarse en la firma de su papá, Carlos Roberto Solórzano Abogados SAS.
La entonces procuradora general, Margarita Cabello, lo nombró en provisionalidad con un decreto, y su sucesor, Gregorio Eljach, lo mantiene en el cargo. Para la bancada de víctimas, el lazo entre los Solórzano y el procurador Cuadro es un motivo suficiente para hacer a un lado al magistrado.
"Se encuentra acreditado que esta relación paternofilial tiene la potencialidad de afectar la imparcialidad del magistrado ponente, pues es su hijo el asesor del Ministerio Público al interior del proceso", asegura el escrito que firmaron Del Río y Villalba.
El documento describe que la participación de Cuadro "ha sido bastante activa", porque "ha presentado múltiples intervenciones", pidió excluir pruebas, solicitó la absolución de Uribe y sustentó un recurso de apelación que sirvió para llevar el caso hasta la Corte Suprema.
Una recusación que "no es seria"
"Resulta pertinente que el honorable magistrado sea apartado del conocimiento del caso, toda vez que existe una vinculación externa a lo simplemente procesal entre el Ministerio Público y el despacho" de Solórzano, insiste la recusación, que tendrá que revisar otro togado de la Sala Penal.
Carlos Roberto Solórzano Garavito es abogado de la Universidad Santo Tomás, además de magíster en Derecho Penal y doctor en Derecho del mismo centro de estudios. Y es especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, donde es docente.
Se posesionó en junio de 2023 en una ceremonia liderada por el presidente Gustavo Petro. En otras corporaciones, como la Corte Constitucional, el gesto sería más diciente: el magistrado Héctor Carvajal juró frente al mandatario, el togado Carlos Camargo lo hizo ante el alto tribunal.
En todo caso, el día del acto el jefe de Estado, luego de una interpretación de piano del compositor Juan Posada, prometió respetar la independencia de la Rama Judicial. "No vamos a incidir en sentencias, no vamos a presionar al poder judicial", expresó Petro.
Para varios penalistas, la recusación no tiene muchas oportunidades de prosperar. El litigante Santiago Trespalacios Carrasquilla asegura que "no es seria" y anticipa que "será negada por la Corte". "No satisface, ni de cerca, alguna causal" de impedimento, concluye.
