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En diciembre de 2024, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia se posesionó por primera vez en la historia ante el alto tribunal, no en la Casa de Nariño frente al presidente de turno. Más de un año después, su nombre vuelve a tomar protagonismo, al menos por un momento.
José Joaquín Urbano Martínez es un abogado y académico con amplia trayectoria en el derecho penal. Su palmarés destaca un pregrado en Derecho, el área en la que cuenta con un doctorado, y posgrados en criminología y derecho penal. Ahora tiene en sus manos un caso bastante abordado.
Urbano tiene dos deberes clave en el largo proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe por una supuesta manipulación de testigos que el Tribunal Superior de Bogotá descartó. El primero, diseñar una ponencia sobre la recusación contra su presidente, Carlos Roberto Solórzano.
El segundo, recibir todas las solicitudes del caso. Por ejemplo, al despacho de Urbano llegó una solicitud de reconocimiento de víctima y otra de la defensa del exmandatario Uribe para obtener un acceso actualizado al expediente digital, según pudo establecer La FM.
Ninguna de las peticiones se resolverá hasta superar el estanque de la recusación, salvo que se trate de un asunto de trámite o secretaría, como el enlace que solicitó el abogado Jaime Granados para revisar el expediente. El rechazo o el éxito del alegado impedimento de Solórzano depende de Urbano.
El senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río, acreditados como víctimas en el proceso del exmandatario, quieren alejar al magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito de la casación que la Corte Suprema debe definir próximamente.
Condenado en primera instancia y absuelto en segunda, Uribe se enfrentará al principal tribunal de la justicia ordinaria en la etapa de casación que impulsan la Fiscalía y la contraparte civil. El ente acusador radicó el recurso el 15 de enero de 2026, y la Corte lo sorteó días después.
La casación, en pausa por la recusación
El Tribunal Superior de Bogotá revocó en octubre de 2025 la condena que en agosto impuso la juez Sandra Heredia por soborno a testigos y fraude procesal. La segunda instancia tumbó todos los cargos y le dio un nuevo giro a un convulso proceso que está próximo a cumplir catorce años.
La casación, que el congresista Cepeda como víctima anunció ni bien el Tribunal leyó su sentencia, cayó por sorteo en el despacho de Solórzano. El paso siguiente es admitir o rechazar el mecanismo legal, citar a una audiencia de sustentación, radicar una ponencia y fallar, pero la recusación suspende todo.
O sea, el futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe permanece detenido en un solo despacho de la Corte Suprema. Mientras no se resuelva la recusación contra el presidente Solórzano, la casación no podrá avanzar. La llave de ese compás la tiene el magistrado Urbano.
En abril de 2022 Solórzano Garavito era parte de una lista de candidaturas para suceder a Patricia Salazar. Los altercados internos en la Corte retrasaron su elección más de un año, hasta que finalmente obtuvo un codiciado puesto en la Sala de Casación Penal, en la que en 2026 se convirtió en presidente.
Le quedan meses al proceso de Uribe. Luego de Solórzano, la deliberación sobre las pruebas y los testigos que presentaron tanto la Fiscalía como la defensa —que además de Granados tiene a Jaime Lombana—, y de los "yerros" que las partes alegan, dependerá de siete magistrados y una magistrada más.
Es probable que tengan que entrar conjueces, de acuerdo con las controversias sobre impedimentos. La magistrada Myriam Ávila y los togados Diego Corredor y Gerson Chaverra ya participaron en una determinación clave sobre Uribe: la tutela que en septiembre de 2025 confirmó su libertad.
La Sala Penal escogió el 21 de enero, en su primera sesión ordinaria del 2026, a Solórzano como presidente, en reemplazo de Ávila. El magistrado Jorge Hernán Díaz Soto será la mano derecha del jurista de casi 37 años de experiencia, como su vicepresidente.
El hipotético conflicto de interés
Miguel Ángel del Río, representante de la médica Deyanira Gómez —exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, presentado durante el juicio como testigo estrella—, y Reinaldo Villalba, defensor de Cepeda, recusaron a Solórzano por un supuesto conflicto de intereses.
El escrito, de nueve páginas y que La FM conoció, se refiere a un hijo del togado que trabaja junto al procurador Bladimir Cuadro Crespo, delegado en la causa contra Uribe. Cuadro fue uno de los apelantes de la decisión condenatoria de primera instancia que se tornó en la absolución.
Carlos Roberto Solórzano Rojas, hijo del magistrado Solórzano Garavito, trabaja en la Procuraduría General de la Nación desde mayo de 2024. Empezó en el ente de control nueve años después de desempeñarse en la firma de su papá, Carlos Roberto Solórzano Abogados SAS.
La entonces procuradora general, Margarita Cabello, lo nombró en provisionalidad con un decreto, y su sucesor, Gregorio Eljach, lo mantiene en el cargo. Para la bancada de víctimas, el lazo entre los Solórzano y el procurador Cuadro es un motivo suficiente para hacer a un lado al magistrado.
"Se encuentra acreditado que esta relación paternofilial tiene la potencialidad de afectar la imparcialidad del magistrado ponente, pues es su hijo el asesor del Ministerio Público al interior del proceso", asegura el escrito que firmaron Del Río y Villalba.
El documento describe que la participación de Cuadro "ha sido bastante activa", porque "ha presentado múltiples intervenciones", pidió excluir pruebas, solicitó la absolución de Uribe y sustentó un recurso de apelación que sirvió para llevar el caso hasta la Corte Suprema.
"Resulta pertinente que el honorable magistrado sea apartado del conocimiento del caso, toda vez que existe una vinculación externa a lo simplemente procesal entre el Ministerio Público y el despacho" de Solórzano, insiste la recusación, que tendrá que revisar el togado José Joaquín Urbano.
Los magistrados que se reparten por ahora el expediente de Uribe
Carlos Roberto Solórzano Garavito es abogado de la Universidad Santo Tomás, además de magíster en Derecho Penal y doctor en Derecho del mismo centro de estudios. Y es especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia, donde es docente.
El día de su posesión, el presidente Gustavo Petro, luego de una interpretación de piano del compositor Juan Posada, prometió respetar la independencia de la Rama Judicial. "No vamos a incidir en sentencias, no vamos a presionar al poder judicial", expresó el jefe de Estado.
Año y medio después, Urbano se posesionó. Le tomó juramento la Corte Suprema, no Petro. Solórzano se pronunció sobre la recusación el 26 de enero, como ordena la ley procesal, y desde entonces tanto su respuesta al recurso como el resto del expediente yacen en el escritorio de Urbano.
Urbano es magistrado, en parte, porque el Consejo de Estado negó una demanda. El estudiante de Derecho Samuel Ortiz —a quien ya conocen en el alto tribunal por demandar la personería jurídica de Dignidad Liberal o la elección de Carlos Camargo en la Corte Constitucional— se refirió a fallas en equidad de género.
En junio de 2025, con una sentencia de veintidós páginas, la Sección Quinta rechazó la nulidad. En términos simples, como la Corte adelantaba otros cuatro procesos de selección además del de José Joaquín Urbano, no era necesario que su toga fuese exclusivamente utilizada por una mujer.
Urbano Martínez examinará la recusación de Del Río, Villalba y Cepeda. Después, entregará un proyecto de auto con el que el resto de la Sala Penal votará si retira a su presidente, o no, del enrevesado caso de Álvaro Uribe. Hasta el momento, la defensa del absuelto excongresista no se ha pronunciado.
Para varios penalistas, la recusación contra Solórzano no tiene muchas oportunidades de prosperar. El litigante Santiago Trespalacios Carrasquilla asegura que "no es seria" y anticipa que "será negada por la Corte". "No satisface, ni de cerca, alguna causal" de impedimento, concluye.
