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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió para su estudio el expediente del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, quien fue sentenciado a 25 años de prisión por haber ordenado el asesinato de uno de sus funcionarios.
El crimen fue ejecutado por grupos paramilitares que delinquían en la región.
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En su acta de sometimiento Suárez Corzo manifestó su intención de entregar toda la documentación para colaborar con el esclarecimiento de la verdad en los dos homicidios por los que es investigado, revelando quién estuvo detrás de estos casos y con qué objetivo se ordenaron.
En la petición radicada en marzo de 2016, la representante legal de Corzo manifestó que su cliente estaba dispuesto a cumplir con todas las obligaciones que establece esta justicia especial en cuanto a la construcción de la verdad, la reparación de las víctimas y la garantía de no repetición.
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Para esto le pidió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz otorgarle al exmandatario nortesantandereano el beneficio de la cesación de la persecución penal y la libertad condicional.
Corzo, quien se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota desde 2011 cuando fue cobijado con medida de aseguramiento en la investigación que se le adelantaba por el homicidio del asesor jurídico de la Alcaldía de Cúcuta, Alfredo Enrique Flórez, ejecutado el 6 de octubre de 2003.
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Según la investigación, Suárez Corzo aprovechó sus vínculos con las estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para ordenar el asesinato del asesor judicial, quien tendría información clave sobre sus nexos con esta estructura armada ilegal y las irregularidades que se estaban presentando en la Alcaldía.
El exmandatario también enfrenta una investigación por el crimen del veedor Pedro Durán Franco quien fue asesinado el 12 de agosto de 2013. Este crimen también fue ejecutado por los paramilitares tras conocer las denuncias que hizo el veedor de los contratos "a dedo" que entregó Suárez Corzo durante su administración a este grupo armado.
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Para la Fiscalía General, en su candidatura Suárez Corzo firmó un pacto con las AUC para que lo apoyaran en su aspiración y como contraprestación les entregaría millonarios contratos y puestos en su administración.
Con la aceptación de la JEP, el exalcalde de la capital de Norte de Santander se convierte en el segundo parapolítico en ser admitido por esta justicia especial.
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