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La Procuraduría General solicitó anular la admisión del expediente del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En su petición se manifiesta que los hechos por los que el exmandatario fue sentenciado no tienen ningún tipo de relación con el conflicto armado.
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En este sentido se advierte que los hechos por los que fue sentenciado tuvieron un interés meramente personal, por lo que “son de naturaleza común y no tienen un vínculo directo o indirecto con el conflicto armado interno”.
Pese a que en el proceso contra Suárez Corzo se demostró que existía una alianza con los grupos paramilitares de Norte de Santander, solamente se buscó un beneficio de orden político y personal.
Debido a esto se considera que este caso no se enmarca en el fenómeno de la llamada ‘parapolítica’ por lo que desborda las competencias de la justicia especial que se creó en el acuerdo final de paz.
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En el recurso de apelación la Procuraduría General considera que la decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que aceptó para su estudio el expediente de Suárez Corzo debe ser revocada.
Igualmente se manifiesta que el exalcalde de la capital nortesantandereana debe seguir cumpliendo la pena impuesta por la justicia ordinaria.
El caso de Suárez Corzo es el primero de los llamados “parapolíticos” en el que la Procuraduría General le solicita formalmente a la JEP que sea rechazado.
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El exalcalde de Cúcuta fue sentenciado a 27 años de prisión por el crimen del excontralor departamental, Alfredo Enrique Flórez registrado el 6 de octubre de 2003. Suárez Corzo fue sentenciado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.
Además enfrenta una investigación por el crimen del crimen del coordinador de veedurías ciudadanas, Pedro Duran Franco el 12 de agosto de 2013.
En su sometimiento a la JEP, Suárez Corzo se comprometió a contar toda la verdad, revelando datos desconocidos sobre los verdaderos autores de estos asesinatos y los móviles de los mismos.
Suárez Corzo fue sentenciado a 27 años de prisión por haber ordenado el asesinato de uno de los asesores de la Alcaldía de Cúcuta. El crimen fue ejecutado por grupos paramilitares.
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