La FM en Google News
Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) advirtiera sobre un posible incumplimiento de su fallo sobre el caso de Gustavo Petro, el Congreso de la República envió una dura carta a ese organismo el pasado 31 de diciembre, en la que reclama por un intento de intromisión en asuntos internos de Colombia.
En la sentencia que favoreció a Petro se estableció que un organismo administrativo, como lo es la Procuraduría, no puede destituir e inhabilitar a funcionarios que han sido elegidos popularmente, pero la reforma que se aprobó en el Congreso no le quitó esa facultad al Ministerio Público.
Lea también: Incautan en la celda de 'Kiko Gómez' elementos como whisky, cervezas y celulares
A raíz de esto, los presidentes de Senado, Juan Diego Gómez, y de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, respondieron a Elizabeth Odio Benito, presidente de la Corte IDH, que el Estado colombiano “siempre se ha esforzado por respetar los derechos humanos y los instrumentos internacionales”.
Gómez y Arias defendieron la ley aprobada en el Congreso y señalaron que las funciones que tiene la Procuraduría para emitir este tipo de sanciones “le ha permitido al Estado colombiano enfrentar el flagelo de la corrupción”.
Advierten que la ley que se aprobó cumple con el requisito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de separar las etapas de investigación y juzgamiento en los procesos y que los fallos sean revisados por autoridades diferentes.
“La ley creó dentro del procedimiento disciplinario tres salas disciplinarias, encargadas de conocer, según sus competencias, de la etapa de instrucción y juzgamiento. También establece reglas para la designación de sus integrantes e introduce varias reformas para regular el procedimiento disciplinario y que este cumpla con las garantías del debido proceso, en armonía con la Convención Americana de Derechos Humanos”, indican.
Consulte aquí: En el 2021 la Fiscalía imputó cargos a 273 personas por actividades de blanqueo de capitales
Juan Diego Gómez y Jennifer Arias, como representantes institucionales del Congreso, se mostraron en contra de lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que las sanciones contra los dirigentes elegidos de manera popular solo pueden estar en manos de los jueces penales.
“El pronunciamiento de la Corte, en su resolución de seguimiento, de alguna manera intenta repercutir en el poder soberano que tiene todo Estado de crear sus propias leyes, o de diseñar sus instituciones en los términos que lo designen sus representantes electos”, reclamaron.
Adicionalmente, el Congreso recordó a los miembros de este órgano internacional que actualmente está en curso una demanda ante la Corte Constitucional contra la ley que reformó el Código Disciplinario de la Procuraduría, razón por la cual solicitó que no se emitan pronunciamientos antes de que dicha acción judicial sea resuelta.
Esta es la carta enviada a la Corte IDH:
