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El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó que la administración distrital avanza en el proceso legal para el desalojo del albergue La Rioja, donde actualmente permanecen 389 integrantes de la comunidad emberá, en su mayoría niños, mujeres gestantes y adultos mayores.
De acuerdo con Quintero, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) notificó a la comunidad que cuenta con tres días para efectuar una salida voluntaria, antes de que se inicie un procedimiento de carácter policivo. La medida fue instaurada ante un inspector de Policía, quien llevará a cabo una audiencia de conciliación con el fin de lograr un acuerdo pacífico para la desocupación del predio.
El funcionario explicó que la decisión responde a dos razones principales. En primer lugar, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) determinó que La Rioja presenta riesgo estructural, lo que pone en peligro a las familias asentadas. En segundo lugar, existe una orden judicial que obliga al Distrito a ejecutar el desalojo.
A esto se suma un nuevo factor de riesgo: el inicio de obras del Metro de Bogotá en el sector, lo que implicará el ingreso de maquinaria pesada cerca del albergue. “No vamos a permitir que la comunidad siga expuesta a un riesgo enorme”, señaló Quintero.
Como parte de las medidas de apoyo, el Distrito ofrece subsidios de arriendo temporal a las familias para que puedan reubicarse en condiciones seguras mientras definen si permanecen en la ciudad o retornan a sus territorios de origen. El secretario enfatizó que el proceso se hará de forma individual o por núcleos familiares, y no bajo figuras colectivas. “En Bogotá no habrá nuevos asentamientos comunitarios”, reiteró.
El Distrito también solicitó al Gobierno Nacional coordinar un nuevo proceso de retorno voluntario para las familias que deseen regresar a sus resguardos. Mientras tanto, se estima que el proceso de desalojo y reubicación podría extenderse alrededor de un mes, tiempo durante el cual se buscará garantizar el respeto a los derechos y la integridad de la población.
Una vez se concrete la salida de los ocupantes, el IDIGER realizará una evaluación técnica del inmueble para determinar si debe reforzarse, repararse o desmantelarse. En cuanto a otros puntos de reubicación, como el predio de La Florida, Quintero aclaró que no se prevé un proceso similar por ahora, dado que sus condiciones son más seguras.
