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Oficialmente, el Gobierno expidió el decreto de emergencia económica el día de ayer. En el documento se explican las razones por las cuales fue necesario optar por esta medida al cierre de 2025. Tras la declaratoria, el presidente queda autorizado para dictar decretos con fuerza de ley, lo que derivará en nuevos impuestos para los colombianos.
El Gobierno señaló que los decretos con fuerza de ley que se avecinan contemplan “impuestos directos e indirectos para las personas naturales y jurídicas con mayor poder contributivo, así como tributos orientados a corregir externalidades negativas en asuntos ambientales y de salud pública”.
Cuando se hizo el anuncio, numerosos expertos afirmaron que esta medida no cumplía los requisitos constitucionales, por lo que sería frenada. Sin embargo, contra todo pronóstico, el decreto fue oficializado. Por su parte, el presidente Gustavo Petro advirtió que, si la Corte Constitucional lo tumba, “habrá revolución”.
Corte Constitucional se reunirá para analizar el decreto de emergencia económica
Los secretos de Darcy revelaron que este martes la Corte Constitucional se reunirá de manera informal para hablar del decreto de emergencia económica.
La decisión ha generado una fuerte preocupación, por lo que los magistrados se encontrarán para analizar la situación. El argumento central es que, si se espera a que termine la vacancia judicial, ya se habrían cumplido casi los 30 días de vigencia del decreto, periodo en el que podrían adoptarse medidas difíciles de revertir, aunque todavía no se conocen los decretos específicos que se expedirán con base en la emergencia.
En todo caso, el encuentro busca “testear las aguas”, conocer qué están pensando los demás magistrados y evaluar si vale la pena que la Corte asuma el asunto con carácter de urgencia, dado que eventualmente tendrá que pronunciarse. Cabe recordar que el Gobierno cuenta con una mayoría de magistrados, por lo que también se observará si quienes se han declarado independientes realmente lo son y si están en capacidad de justificar la declaratoria de una emergencia que ha generado amplio debate jurídico y político.
