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El Fiscal General se la Nación, Néstor Humberto Martínez, lanzó una propuesta para que el Banco de la República, por medio de un proyecto de ley en el Congreso, retome el monopolio de la compra de oro en el país.
El objetivo, de acuerdo con Martínez, es tener mecanismos más sólidos y contundentes para atacar de raíz las finanzas de las estructuras criminales que tienen el manejo de la minería ilegal en varias regiones del país.
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“Tendría que existir un monopolio exclusivo del Banco de la República. Así fue hasta comienzos de los años noventa y era totalmente lícito; hemos descubierto que la minería ilegal se ha vuelto más rentable que la del narcotráfico”, sostuvo Martínez.
Además, el fiscal general manifestó que envió una carta ante las autoridades judiciales de Estados Unidos para que haya una regulación sobre el oro que ingresa a ese país producto de actividades criminales.
“Hoy, un kilo de cocaína en las calles de Estados Unidos tiene un valor de 20 a 25 mil dólares, mientras que un kilo de oro en el mismo país asciende a 42 mil dólares”, recalcó.
Operativos
Sobre el negocio de la minería ilegal, Martínez reveló que, ante un juez de control de garantías de Medellín, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó cargos a doce personas que estarían involucradas en esa actividad delictiva.
Entre los procesados están los representantes de la comercializadora CI Metales, contadores, revisor fiscal y los proveedores falsos.
La investigación obedece al rastreo de una cadena criminal, en donde la Fiscalía estableció que el oro ilícito salía de los yacimientos clandestinos que acaban con los recursos naturales en el bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba y Chocó, y era comprado por distintos proveedores.
18 de ellos fueron identificados en los controles tributarios y, en la verificación de la razón social y las direcciones de funcionamiento, se constató que no existían y serían casas de familia, chatarrerías y, en pocas ocasiones, pequeñas compraventas.
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Se comprobó que la comercializadora, además de reportar la adquisición de oro a estos 18 proveedores, registró transacciones por cerca de 20 millones de dólares a un resguardo indígena de Guainía, cuyos integrantes desconocen esos movimientos financieros y las elevadas sumas.
