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Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes fue formalmente acusado de tres delitos el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, vinculado al escándalo de corrupción conocido como el ‘cartel de la toga’.
El representante investigador, Edward Rodríguez, habló con LA FM luego de afirmar que hay suficientes indicios para determinar que el exmagistrado era el “cerebro” de la empresa criminal que se creó en el alto tribunal para torcer algunos procesos. "Se probó la entrega de $200 millones y de un reloj Cartier avaluado en unos $50 millones", dijo el representante Edward Rodríguez, quien previamente entregó más detalles al respecto.
En cuanto a los $200 millones, el documento de la Comisión de Acusaciones sostiene que hay indicios contundentes que permiten inferir que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia recibió “la suma en efectivo, producto del dinero dado por el senador Álvaro Ashton como anticipo de la negociación con él adelantada” para afectar su proceso judicial cuando era investigado por los sobornos en los que incurrió la multinacional brasileña Odebrecht.
Con el reloj, la historia es diferente. “La compra del reloj Cartier quedó registrada dentro del expediente, toda vez que la Fiscalía General de la Nación remitió copia de la Factura No. CT-8091 a nombre del señor Ricardo Beltrán Rivera del 29 de diciembre de 2012 y fue cancelada en efectivo por valor de $ 42.969.977 de pesos por concepto de la compra de un reloj Cartier “Ballon Bleu” en oro rojo y pulsera de cuero”, se lee en la acusación.
El reloj, según lo dijo el propio abogado Luis Gustavo Moreno, se lo regaló a él para que alterara procesos. “Yo recuerdo que el doctor Leonidas una vez me pidió un reloj Rolex. El que él quería costaba más o menos cien millones de pesos; yo le hice el comentario de que eso no le quedaba bien a un magistrado", dijo Moreno ante las autoridades.
Fue entonces cuando Moreno le sugirió a Bustos comprar un reloj más económico y dejarlo a nombre de Ricardo Beltrán Rivera, su hermanastro. “Pagué en efectivo porque yo sabía que no podía comprar ni con tarjeta ni con cheque. Yo pensé que él iba a sugerir que el recibo quedara a nombre de él, pero Leonidas me dijo que no se podía", agregó.
El 2 de amyo de 2018, la Fiscalía General de la Nación imputó al abogado Luis Gustavo Moreno por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y utilización indebida de información oficial privilegiada. Los hechos materia de investigación están relacionados con su ejercicio profesional entre los años 2012 y 2016.
Al hacer la imputación, el delegado de la Fiscalía advirtió que la conducta irregular se habría presentado en Bogotá y, supuestamente, fue auspiciada por los exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte, y de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos y Gustavo Malo Fernández; el magistrado auxiliar Camilo Ruiz; y el abogado Leonardo Pinilla.
En su exposición, el fiscal de conocimiento indicó que la presunta estructura criminal concertó decisiones judiciales a favor de congresistas y otros funcionarios investigados. “Gustavo Moreno conoció a Francisco Ricaurte, en ese momento magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, y allí le explicó la forma como funcionaba el negocio ilícito y cuanto debía ganarse de comisión”, informó el fiscal al hacer la imputación.
En las investigaciones se constató que, al parecer, hubo una reunión en la que Leonidas Bustos y Ricaurte habrían quedado encargados de buscar clientes con sus contactos, generalmente políticos, gobernadores y congresistas que tuvieron indagaciones o averiguaciones en curso; pero sería Moreno quien debía buscar el favorecimiento para que pagaran las tarifas acordadas.
“La estrategia era la de usar información privilegiada, desacreditar a los testigos y desaparecer evidencias para obtener sentencias con apariencia de legalidad que favorecían a sus clientes, a través de la intervención de los funcionarios de más alto nivel de los altos tribunales”, precisó el fiscal en la imputación.
Otras pesquisas de la Comisión de Acusaciones
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ) Eyder Patiño Cabrera será investigado por la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes por su presunta participación en un entramado de corrupción.
El representante a la Cámara Edward Rodríguez, del partido Centro Democrático y miembro de la Comisión de Acusaciones, afirmó a periodistas que en la investigación por el "cartel de la toga" se han encontrado pruebas que comprometen a Patiño. En Colombia se conoce como "cartel de la toga" al escándalo que involucra a magistrados de la CSJ, entre ellos Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, ambos expresidentes de ese tribunal, por supuestamente pedir altas sumas de dinero a políticos a cambio de no ser investigados por distintos ilícitos.
El exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, extraditado a Estados Unidos, afirmó que Patiño había acordado con el exfiscal general José Fernando Perdomo archivar la investigación contra el excongresista Álvaro Ashton, involucrado en el caso de corrupción de la brasileña Odebrecht.
Patiño, quien es el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, tenía bajo su dirección la investigación de Ashton, pues éste gozaba de fuero por ser parlamentario. Por lo anterior, Rodríguez pidió que se investigue a Patiño, así como a Perdomo y al también exfiscal general Luis Eduardo Montealegre.
Ante la apertura de la investigación, Patiño solicitó a la Comisión a través de un comunicado "darle celeridad al desarrollo de esta indagación y, después de practicar todas las pruebas que considere pertinentes, muestre al país que soy completamente ajeno a los hechos que allí se me atribuyen". El jurista afirmó que la investigación es una oportunidad para "aclarar las versiones" sobre él y agregó que acata y recibe "con absoluto respeto las determinaciones de las autoridades colombianas y extranjeras en el ámbito de sus competencias".
Patiño es uno de los magistrados a los cuales, según versiones de prensa, el Gobierno de Estados Unidos, le canceló el visado para entrar en ese país, lo que generó una controversia en Colombia donde algunos políticos consideran la medida como una presión indebida sobre el Poder Judicial.
La revista Semana informó hace unos días que EE.UU. también le revocó el visado a los magistrados de la Corte Constitucional Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo, quienes sin embargo lo recuperaron tras presentar en la embajada documentos en los que se certifica que no tienen asuntos pendientes con la justicia.
Sin embargo, hay sectores que creen que con la revocatoria de visados Washington busca que la Justicia colombiana falle a favor de asuntos que son de interés de EE.UU., como la extradición y el uso del herbicida glifosato en la aspersión aérea de cultivos ilícitos.
Ante eso, la embajada estadounidense en Bogotá aseguró el pasado domingo que "el Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos, o no cumpla con los requisitos de visa".
Escuche al congresista Edward Rodríguez
