Debido a unas diferencias que han surgido entre la Fiscalía y la JEP por conflicto de competencias en diferentes casos, uno de ellos el caso de la extradición de Jesús Santrich, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez y la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Patricia Linares, se reunieron esta semana y acordaron crear una mesa técnica con el fin de superar el problema.

En diálogo con La FM, el Fiscal expresó que es normal que en la vida de tantas jurisdicciones haya disputas sobre las competencias de cada una. "Es normal que en este proceso de aclimatación y en la medida que se va desarrollando la JEP, se presenten estos problemas que los abogados llamamos conflicto de competencias, eso se presenta todos los días, lo importante es que se resuelvan de manera institucional", indicó.

Lo que sí considera es que no se debe calificar como un choque de trenes entre la Fiscalía y la JEP pues argumenta que el ente acusador no ha sido un obstáculo para la JEP.

"La Fiscalía se ha encargado que la JEP pueda cumplir sus funciones, si la Fiscalía quisiera ponerle palos en las ruedas no presentaría los informes, y todo lo contrario ya hemos entregado los nueve primeros frente al tema de desaparición forzada y antes de terminar este 2018 ya habremos entregado los 17 totales para que la JEP tenga todo el material necesario para funcionar", señaló Martínez.

Pero, ¿siente que la JEP se mete en su territorio?

La respuesta del Fiscal fue un contundente sí, no obstante dijo que estas dificultades se dan en doble vía.

Por ejemplo, expuso el caso de la extradición de Jesús Santrich, en el cual según el Fiscal, la JEP pretendió asumir competencias que no debía al querer "valorar si la captura se había sometido a derecho y nosotros dijimos es una conducta invasiva e inapropiada y no tiene competencia para ello".

Sin embargo, la JEP señalaba que sí tenía competencia porque el exjefe guerrillero firmó el acuerdo final de paz con el Gobierno, hecho por el cual esta Jurisdicción Especial tendría que adelantar su caso y conocer todos los pormenores de la investigación que adelantó la DEA.

"Entonces llevamos el caso a la Corte Constitucional, la cual se pronunció y dijo que la Fiscalía tenía la razón, entonces ya tenemos una jurisprudencia", afirmó.

También se presentó conflicto de competencias con el tema de los activos de las Farc que están siendo sometidos a extinción de dominio.

Para el Fiscal está muy claro que los bienes que no hayan sido reportados por las Farc en el inventario que le fue entregado al Gobierno al firmar el acuerdo de paz, serían sujetos de extinción de dominio por parte de la Fiscalía.

"Lo que hemos dicho es aquí hay una diferencia y si no nos ponemos de acuerdo con la presidenta de la JEP tenemos que ir a la Corte para que defina si lo que hemos hecho en materia de extinción de dominio está bien", agregó.

Hasta la fecha, confirmó que los bienes incautados a las Farc desde 2016 suman aproximadamente 2,3 billones de pesos.

Entrevista completa del Fiscal Néstor Humberto Martínez en La FM

Postulación de célula del ELN en la JEP

Toda una polémica surgió a raíz de la postulación a la JEP de una célula urbana del ELN identificada como "Llamarada", que delinque en Bogotá y estaría integrada por: Luis Daniel Jiménez Calderón, Paola Andrea Salgado Piedrahita, Sergio Esteban Segura Güiza, Víctor Orlando, Ariza Gutiérrez, Feliz Mauricio Augusto Gutiérrez, John Fernando Acosta Bogotá, Andrés Felipe Rodríguez, entre otros.

La JEP argumentó que recibió el caso para su estudio porque al parecer estos nombres aparecían en el listado que entregó las Farc en su momento al Gobierno sobre sus integrantes. Pero la Presidencia de la República informó a la Fiscalía que ninguno de los supuestos integrantes de la célula urbana del ELN fueron incluidos en los listados entregados por las Farc a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

"Lo que hemos dicho en el caso del grupo 'Llamarada' es que ese proceso se suspendió porque ellos pidieron pasarse a la JEP, inicialmente se dijo que estaban en los listados de las Farc, y nunca han estado entonces no pueden pasar a la JEP, ahora surge otra versión y es que se trata de un caso de protesta social", indicó el Fiscal.

Pero aclaró el Fiscal que aunque "los casos de protesta social son de competencia de la JEP, la rebelión y el terrorismo que son las imputaciones a estas personas en ningún caso son de competencia de la JEP".

Dijo que es importante aclarar este tema porque la JEP no puede tramitar delitos de rebelión ni terrorismo y mucho menos, de miembros de grupos armados que no han suscrito acuerdos de paz ni han entregado las armas. "Entonces este grupo no se puede beneficiar con esto".