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Las autoridades brindaron mayores detalles del operativo que terminó con la incautación de cinco toneladas de material explosivo en el barrio Tejelo de Medellín.
Según los reportes entregados, estos elementos habrían sido fabricados en otro país de Latinoamérica y, al parecer, fueron ingresados a Colombia por las rutas del tráfico ilegal de explosivos.
El material iba a ser utilizado para atentados y actividades ligadas a minería ilegal en Antioquia y otras zonas de la nación, según las primeras hipótesis de la Fuerza Pública.
En cuanto a los responsables, serían parte de una red delincuencial con presencia en 10 departamentos del país.
Nuevos detalles de la investigación
Las pesquisas preliminares indican que parte de los detonadores habrían sido fabricados en Perú por la empresa Famesa, compañía que tendría presencia en Ecuador y Chile.
Las autoridades, con esa información, han puesto la lupa en las conexiones internacionales detrás del tráfico ilegal de explosivos en la región.
Por su parte, la red delincuencial que poseía estos explosivos tendría presencia en departamentos como Arauca, Nariño, Antioquia, Quindío, Risaralda, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca.
Hay que recordar que la incautación no dejó personas capturadas pero las investigaciones siguen en curso para seguir la pista a los ilegales.
Red ilegal de tráfico de explosivos
Durante el operativo fueron encontrados explosivos de alto poder, sustancias químicas y elementos de activación utilizados comúnmente en actividades ilícitas.
Entre el material incautado aparecen nitrato de amonio, anfo, detonadores y cordón detonante, cuyo valor en el mercado ilegal superaría los 400 millones de pesos.
Las autoridades aseguraron que la vivienda funcionaba como centro clandestino de almacenamiento y distribución de explosivos.
Con ello, las organizaciones criminales estarían obteniendo enormes ganancias mediante la comercialización ilegal de explosivos y elementos de activación usados en explotaciones mineras clandestinas.
La Policía aseguró que las rentabilidades de este negocio ilegal podrían superar incluso el 200 %.
Mientras avanzan las investigaciones, la operación encendió las alarmas sobre el riesgo que representaba almacenar semejante cantidad de material explosivo dentro de una zona residencial de Medellín, donde cientos de familias habitan a pocos metros del lugar allanado.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué se sabe sobre la incautación de cinco toneladas de explosivos en el barrio Tejelo?
Los explosivos en Medellín incautados recientemente suman cinco toneladas de material de alto poder, como nitrato de amonio y anfo, que estaban almacenados en una vivienda del barrio Tejelo. Según las autoridades, este arsenal fue fabricado en el extranjero e ingresado al país mediante rutas de tráfico ilegal para ser utilizado en atentados y minería criminal, representando un peligro extremo para las familias de esta zona residencial.
¿Cuál es la conexión internacional del material explosivo hallado en Antioquia?
El tráfico ilegal de explosivos detectado en el operativo tiene nexos con redes de fabricación en Perú, específicamente vinculadas a la empresa Famesa con presencia en Ecuador y Chile. Las investigaciones de la Fuerza Pública sugieren que estos elementos cruzaron fronteras para abastecer a una red delincuencial con injerencia en 10 departamentos, incluyendo zonas críticas como Arauca, Nariño y el Valle del Cauca.
¿Cómo se financia la red criminal con la venta de estos insumos para minería ilegal en Antioquia?
La minería ilegal en Antioquia es el principal destino de estos insumos, los cuales tienen un valor en el mercado negro superior a los 400 millones de pesos. La Policía Nacional reveló que la comercialización clandestina de detonadores y cordones detonantes genera rentabilidades ilícitas que superan el 200%.
¿Qué departamentos están bajo la lupa de las autoridades por esta red delincuencial de explosivos?
Esta red delincuencial de explosivos mantiene una presencia expansiva en departamentos como Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Cauca y el Eje Cafetero. Aunque el allanamiento en Medellín no dejó capturas inmediatas, las pesquisas continúan para desarticular la cadena de distribución que utiliza viviendas civiles como bodegas clandestinas.
