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Hoy salió un comunicado de la Cancillería dando a entender que el Consejo de Estado había tumbado la Acción Popular que cursa en el Tribunal de Cundinamarca para el caso de los pasaportes… ¿Eso es cierto? Y, a propósito, ¿parece que el proceso va bien?
Nada más alejado de la verdad. Aunque la tutela la habían puesto para que acabaran la Acción Popular, el Consejo de Estado no la tumba; le reconoce al accionante los derechos y esta continúa. Le pide que, en términos de 10 días, corrija unos temas de forma, más que de fondo, en los cuales el Tribunal pudo haber incurrido en algún error y los debe corregir. Pero eso es muy distinto a decir que tumbaron la Acción Popular.
Te lo comento, pues están mandando desde la Cancillería mensajes en ese sentido: que esto lo tumbaron… y está lejos de la realidad.
La Acción Popular sigue muy vivita… y lo otro es que, hasta el momento, el proceso de pasaportes ha seguido con normalidad. ¿Pero saben por qué? Porque todavía están entregando libretas del pasado contrato que quedaron…
Encuestas AtlasIntel
Radican medidas cautelares ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en contra de la encuestadora AtlasIntel por presuntas irregularidades y difusión de estudios no verificables.
Una fuerte denuncia ciudadana fue radicada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la firma encuestadora AtlasIntel, en la que se solicita la suspensión inmediata de la publicación y difusión de estudios electorales atribuidos a esa empresa por presuntas irregularidades técnicas, metodológicas y legales que podrían poner en riesgo la transparencia del proceso democrático en Colombia.
La acción fue presentada por un grupo de estudiantes de derecho de la Universidad Javeriana, quienes pidieron al CNE decretar medidas cautelares urgentes para impedir que continúen circulando encuestas de intención de voto que, según la denuncia, tendrían información “presuntamente errada, falsa, incompleta, no verificable o capaz de inducir a error a la opinión pública”.
“La queja se sustenta en recientes auditorías técnicas y metodológicas conocidas públicamente y en actuaciones oficiales del propio CNE, entre ellas la Resolución 1101 de 2026, mediante la cual la autoridad electoral abrió investigación y formuló cargos contra AtlasIntel S.A.S., cuestionando incluso si algunos de sus estudios podían considerarse verdaderas encuestas o simples sondeos no representativos”, mientras no exista verificación técnica suficiente.
El caso aumenta la tensión alrededor de las encuestas políticas en Colombia, en medio de la carrera presidencial, y podría abrir uno de los debates más fuertes sobre la confiabilidad, regulación y control de los estudios de opinión electoral en el país.
¿Están tratando de embolatar el trámite en el Congreso del nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero?
Estando en el primer debate del nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, el proyecto fue aprobado con una votación positiva de 16 votos por el sí en Cámara y 6 sí en el Senado. El representante Álvaro Mauricio Londoño presidió la sesión y, a pesar de que el proyecto fue aprobado, desestimó la votación afirmando que la votación del Senado no era válida porque, de los seis votos, dos eran de congresistas que se conectaron y participaron en la sesión de manera virtual. Afirmó que esos votos no eran válidos.
Cuando lo dijo, los congresistas le dijeron que estaba mal, que lo iban a denunciar ante la Procuraduría y le pidieron que no parara el trámite del proyecto porque es urgente para el país. La discusión se alargó; varios congresistas le leyeron conceptos de la Corte sobre la validez de las votaciones mixtas y varios senadores le dijeron que eso no era cierto, porque entonces muchos proyectos de ley se han aprobado de esa manera y están en firme.
El congresista aplazó la sesión y desestimó la votación. El tema es que este proyecto de ley debe estar sancionado por el presidente de la República, a más tardar el 20 de junio, pues hasta ese día está vigente el actual Régimen Sancionatorio Aduanero. Si no está sancionado por el presidente ese día, el país se queda sin Régimen Sancionatorio Aduanero, generando un vacío constitucional que dejaría al país sin la posibilidad de aprehender mercancía de contrabando ni sancionar a los contrabandistas.
