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Comunidades de veredas apartadas del sur de Bolívar denuncian amenazas, desplazamientos forzados y presuntas presiones del ELN para obligarlos a realizar acusaciones falsas contra otros e incluso contra la fuerza pública. Habitantes aseguran que quienes se niegan a participar terminan siendo expulsados de sus territorios, mientras el miedo y la ausencia del gobierno siguen marcando la vida en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.
El recorrido para llegar hasta algunas de las veredas más apartadas del sur de Bolívar no solamente es largo. También está atravesado por el silencio, el miedo y las advertencias de quienes conocen la región. Desde Montecristo, el trayecto puede tomar cerca de cinco horas por río hasta llegar a territorios donde la señal de celular desaparece y donde, según denuncian las comunidades, el control armado sigue definiendo la vida cotidiana.
Allí, lejos de las ciudades y de la atención nacional, las comunidades aseguran estar viviendo una nueva ola de amenazas y desplazamientos forzados. Habitantes con quienes hablamos en la zona, denuncian presuntas presiones por parte del ELN para obligarlos a realizar señalamientos contra terceros, e incluso contra la fuerza pública.
Uno de los habitantes desplazados, quien pidió mantener en reserva su identidad por seguridad, relató con temor la situación que atraviesan cientos de familias en la región.
“Soy una víctima más del desplazamiento forzado del ELN”.
Su voz se entrecorta mientras intenta explicar lo que, según asegura, ocurre en varias comunidades del sur de Bolívar.
“Nos están obligando a decir mentiras y a crear denuncias. Si nosotros nos negamos, toman represalias contra nosotros y nos obligan a desplazarnos del territorio”.
De acuerdo con varios testimonios recopilados durante el recorrido realizado, las personas que rechazan las exigencias del grupo armado comienzan a recibir amenazas directas o indirectas. Algunas familias, aseguran, han tenido que abandonan sus viviendas por temor a represalias del ELN por no seguir sus ordenes.
La situación, según denuncian líderes y habitantes con quien hablamos, ya estaría generando un desplazamiento masivo silencioso que pocas veces logra ser documentado debido a las dificultades de acceso a la región y al temor de las víctimas de denunciar públicamente.
“En este momento creemos que se aproximan las 600 personas desplazadas por el ELN”, aseguró otra de las fuentes consultadas en la zona.
El miedo no solamente estaría relacionado con abandonar el territorio. Las comunidades también denuncian que, una vez las familias salen de sus fincas o viviendas, personas vinculadas presuntamente a estas estructuras comienzan a ocupar los espacios abandonados.
“El ELN se está apoderando de las propiedades, para ir ganando terreno”, denunció uno de los habitantes.
Según las versiones entregadas en territorio, las viviendas dejadas atrás por las familias desplazadas comenzarían a ser utilizadas por personas cercanas a la organización armada.
“Están trayendo a esas casas personas que simpatizan directamente con ellos, guerrilleros vestidos de civil, camuflados”.
Aunque estas denuncias han sido recibidas por algunas ONGS, la falta de presencia institucional para recibirlas agrava la situación y el temor entre los habitantes es evidente. Muchos prefieren hablar únicamente bajo condición de anonimato, mientras otros aseguran que guardar silencio es la única manera de seguir sobreviviendo en la región.
La sensación de abandono institucional también aparece de manera constante en cada conversación sostenida con las comunidades. En estas zonas apartadas, llegar hasta un casco urbano puede tomar varias horas por río o caminos de difícil acceso, lo que limita no solamente la presencia de las autoridades, sino también la posibilidad de denunciar.
“¿Por qué no denuncian?”, se le preguntó a una de las víctimas consultadas.
“Tememos de las represalias que tome el ELN contra nosotros”.
Y cuando se le preguntó qué ocurre si hacen públicas las denuncias sobre los desplazamientos, la respuesta fue inmediata:
“Ponemos en riesgo nuestra vida”.
El temor, según relatan habitantes y líderes sociales, se ha convertido en parte de la rutina diaria. Muchas familias aseguran que viven bajo presión constante, evitando hablar con desconocidos, limitando sus movimientos e incluso desconfiando de cualquier presencia externa en la región.
Las comunidades afirman que el control territorial ejercido por los grupos armados ilegales sigue imponiendo reglas sobre quién puede entrar, quién puede salir y qué puede decirse públicamente.
La problemática, además, ocurre en medio de una región históricamente golpeada por las economías ilícitas, la minería ilegal y la disputa territorial entre estructuras armadas.
El sur de Bolívar ha sido durante años uno de los corredores estratégicos para diferentes grupos ilegales debido a su ubicación geográfica, sus rutas fluviales y las economías ilícitas que operan en la zona. Sin embargo, habitantes aseguran que, pese a la gravedad de la situación, muchas de estas denuncias rara vez logran trascender más allá de las propias comunidades.
Edilson Huerfano, asesor de la ONG Colombia Visible, aseguró que las denuncias conocidas en la región reflejan un escenario preocupante para la población civil.
“Proteger la vida en el sur de Bolívar no puede seguir siendo una promesa vacía para las comunidades. La presencia del ELN y el miedo que les han generado es que los están obligando a decir que hay otros grupos armados que están emitiendo acciones, incluyendo a la fuerza pública, que son los responsables del desplazamiento que se ha ido presentando”.
Según Huerfano, varios líderes sociales y habitantes estarían siendo presionados para sostener versiones que, según las denuncias conocidas en territorio, no corresponderían a la realidad de lo que ocurre en la zona.
“Varios líderes de la zona tienen miedo porque los están obligando a hacer esto”.
Las comunidades aseguran sentirse atrapadas entre el miedo y la falta de garantías. Por un lado, denuncian las presiones de los grupos armados; por el otro, aseguran no encontrar respuestas rápidas por parte del Estado frente a las amenazas y desplazamientos.
En algunos sectores rurales, las familias afirman que han tenido que abandonar cultivos, animales y pertenencias para proteger sus vidas. Otras, simplemente, han optado por guardar silencio y permanecer en medio de la incertidumbre.
El problema, advierten líderes consultados en territorio, es que el desplazamiento no solamente rompe el tejido social de las comunidades, sino que además facilita el fortalecimiento territorial de las estructuras armadas ilegales.
Cada familia que abandona la zona deja atrás mucho más que una vivienda. Deja cultivos, arraigo, proyectos de vida y, en muchos casos, generaciones enteras construidas alrededor de la tierra.
Mientras tanto, el miedo sigue creciendo entre quienes permanecen en el territorio. Algunas comunidades denuncian que actualmente existe temor de que se registren nuevos desplazamientos masivos si continúan las amenazas y las presiones armadas.
En estas regiones apartadas, donde la institucionalidad pocas veces logra llegar de manera permanente, los habitantes aseguran sentirse solos frente a una realidad que, según dicen, lleva años repitiéndose.
Las comunidades del sur de Bolívar hoy hacen un llamado urgente para que el país vuelva la mirada hacia estos territorios olvidados. Piden no solamente presencia militar, sino también justicia, inversión social y garantías reales de protección para las familias campesinas.
Reclaman oportunidades que permitan frenar el avance de las economías ilícitas y el control armado que continúa imponiéndose sobre amplias zonas rurales del país.
Porque mientras en las grandes ciudades el conflicto parece lejano, en las veredas del sur de Bolívar el miedo todavía navega por los ríos, recorre los caminos y toca las puertas de quienes cada día intentan resistir en medio de la violencia.
- Investigación y realización: Stephanie Bates
