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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la medida de aseguramiento emitida el pasado 10 de junio en contra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por presuntas irregularidades la supervisión del contrato de obra de la Troncal Paz entre 2004 y 2007, cuando fue gobernador del departamento por primera vez.
La sala desestimó los argumentos de la defensa del funcionario investigado por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimientos de los requisitos legales.
“El peculado por apropiación (…) el marco punitivo del delito parta de 3 años de prisión, por lo que «nada justificaría» la imposición de la detención preventiva, dado que el presupuesto establecido en el artículo 357 de la Ley 600 de 2000, donde se exige que la pena mínima sea de 4 años de prisión”, se lee en uno de los apartes de la petición del abogado.
Sin embargo, para la Sala Penal con ponencia del magistrado Fabio Ospitia, esos argumentos no fueron suficientes para sustentar una petición en busca de tumbar la medida de aseguramiento impuesta.
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“La medida de aseguramiento no sufriría modificación en lo que respecta al punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales (…) El apelante, siguiendo el mismo norte, se limitó a exponer argumentos propios de un debate a nivel de alegaciones de cierre, enfocados a cuestionar los cargos de la resolución de acusación”, destaca el documento.
Cabe mencionar que la investigación se inició en el 2019 y que el pasado 10 de junio de 2021, la Corte Suprema negó una petición de libertad, ratificando la medida de aseguramiento bajo la figura de detención domiciliaria.
Gaviria fue capturado en su oficina por orden emitida de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien determinó llamarlo a juicio por las irregularidades en la actividad contractual.
De acuerdo con el escrito de acusación que presentó la Fiscalía, el valor inicial de la contratación que compromete en este proceso al gobernador Aníbal Gaviria, fue superior a los 41.633 millones de pesos.
“El material de prueba da cuenta de anomalías en la firma del contrato 2005-CO-20-335, en la tramitación y suscripción del contrato adicional N° 1 y del otrosí 2; y de la probable apropiación en favor de terceros de recursos del anticipo, en hechos ocurridos durante el período como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007”, dice el documento.
“La investigación da cuenta de que la licitación fijó un anticipo del 25% del valor básico del contrato; sin embargo, en la firma del contrato, el 22 de diciembre de 2005, se aumentó a 29%. Para el fiscal instructor, tal variación no tendría justificación técnica y correspondería a una modificación caprichosa”, agrega el texto.
