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Un nuevo informe de la Defensoría del Pueblo reflejó que la implementación del Acuerdo de Paz está pasando por un momento crítico, especialmente en temas relacionados con tierras, ya que subsiste la falta de claridad en las cifras, y hay una enorme disparidad en la información que se entrega sobre ese punto, pues de 21.132 predios ingresados, solamente el 37% ha sido adjudicado.
Y de más de 1.500 predios ofertados por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) solo han sido adquiridos 26.
Otro aspecto que genera preocupación es la violencia, pues entre enero y abril del 2024 fueron asesinados 57 líderes y defensores de Derechos Humanos, y la inseguridad en los territorios estaría afectando temas como la reforma agraria, restitución de tierras y sustitución de cultivos ilícitos.
"Se requiere el robustecimiento de la arquitectura institucional, con una cabeza autónoma que lidere y emita directrices y líneas de política pública; así mismo, es necesario actualizar y mantener actualizado el estado del avance de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI); igualmente, registrar periódicamente la información presupuestal mediante el trazador previsto en el Plan Nacional de Desarrollo", dijo el defensor del pueblo Julio Luis Balanta.
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Adicionalmente, la ruta étnica en materia de restitución de tierras no presenta mayores avances, más de 2.730 solicitudes inscritas en diferentes vigencias aún no cuentan con demanda y hay 16.995 solicitudes pendientes de microfocalización, en las que el 80% corresponde a adultos mayores.
Según datos, el avance de los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial solo ha sido de 1% en comparación con lo reportado por la Defensoría en su informe anterior, en el que se indica un porcentaje de progreso del 44%.
Para la Defensoría, los programas que incentivan o fortalecen las economías lícitas deben corresponder a políticas públicas y no a decisiones coyunturales. No son medidas ‘asistencialistas’ las que se deben implementar, son políticas públicas orientadas a garantizar proyectos productivos sostenibles, tierras aptas para producir y explotar y seguridad jurídica en los derechos adquiridos.
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No obstante, el seguimiento de la Defensoría, sustentado en sus seis informes, ha permitido evidenciar el esfuerzo de la Agencia para la Renovación del Territorio con las alcaldías de los municipios PDET, el plan de mejora de la Unidad de Restitución de Tierras y la gestión del fondo de esa entidad para garantizar retornos en condiciones dignas y facilitar el cumplimiento de las órdenes judiciales y la atención a los reincorporados. A ello se suma el avance del Gobierno Nacional en la consolidación de la Jurisdicción Agraria.
