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El Consejo de Estado admitió estudiar una demanda contra el programa Jóvenes en Paz que pagará un subsidio a los jóvenes para que ingresen a educación superior y se alejen de la violencia.
El tribunal aceptó esta acción que fue presentada por el exministro de Justicia Wilson Ruíz, en la que alega que hay desigualdad al excluir a los jóvenes que hacen parte de actividades destinadas a la salud y al emprendimiento.
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"Se detecta una desigualdad de trato en cuanto a los jóvenes destinatarios de los componentes de salud y emprendimiento, quienes no podrían disfrutar de la transferencia económicarecibiendo un trato desigual respecto de aquellos destinatarios de los componentes de trabajo comunitario y educación”, dice la demanda.
El tribunal estudiará la determinación y ordenó notificar a los Ministerios de Hacienda, Justicia, Agricultura, Interior, Departamento Nacional de Planeación, el Departamento de Prosperidad Social, entre otras entidades.
Este programa está incluido en el Plan de Desarrollo en el artículo 348, en donde se establece que se implementará una ruta de atención integral a la juventud entre los 14 y 28 años de edad que se encuentra en situación de extrema pobreza y estén vinculados a dinámicas de criminalidad.
Cada joven beneficiario podrá recibir una transferencia económica de hasta un millón de pesos mensuales durante un año. Para esto deberá cumplir con un mínimo de horas de trabajo y de estudio.
Gareth Sella, viceministro de la Juventud del Ministerio de Igualdad y Equidad, aseguró que el ministerio garantizará una búsqueda activa en los territorios más complejos y marginados, donde se encuentren jóvenes en situación de vulnerabilidad económica, pobreza extrema y riesgo de reclutamiento forzado.
La semana pasada Laura Sarabia, la saliente directora del Departamento de Prosperidad Social, sostuvo el primer debate con el Congreso de la República, en donde habló sobre el programa 'Jóvenes en Paz' y su principal objetivo.
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El tribunal estudiará los argumentos del demandantes y recolectará las respuestas de las carteras para determinar si debe imponer una medida cautelar mientras avanza el estudio de fondo de la demanda.
