La FM en Google News
La Corte Suprema de Justicia reactivó el proceso penal contra tres magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio por presuntos hechos de corrupción, relacionados con la emisión de sentencias contrarias a la ley a cambio de millonarias sumas de dinero.
Lo que se dice es que estos magistrados supuestamente harían parte de una red que favoreció a integrantes de organizaciones ilegales dedicadas al tráfico de armas y de estupefacientes, y a personas condenadas por homicidio, extorsión agravada y concierto para delinquir.
Se trata de Fausto Rubén Díaz, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos, quienes fueron acusados por la Fiscalía por los delitos de prevaricado por acción agravado, cohecho y concierto para delinquir. Según el escrito de acusación, a Vargas Bautista también lo acusan del delito de prevarico por omisión agravado.
Le puede interesar: Corte Constitucional recibe tutela que pide protección a líderes sociales
Según la Fiscalía, entre los beneficiados con la casa por cárcel se encuentra alias ‘Cesarín’ quien habría hecho parte del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas y quién había sido condenado a 20 años de prisión por homicidio y otros delitos.
También se lee un supuesto beneficio a Smith Bayardo Parra Rincón, alias ‘Manopicha’, y Marbelly Jiménez, con el cual habrían logrado la absolución del delito de concierto para delinquir y quedar en libertad por vencimiento de términos.
En las audiencias de juicio que se reactivarán en la Corte, se escucharán los testimonios de Ancizar Barrios Lozada, investigador del CTI; Fabio Leonardo Herrera Pérez, perito en informática del CTI y Maribel Jiménez, quien sería testigo de “las promesas remuneratorias, aceptación de utilidades y entrega económica a los magistrados investigados para obtener decisiones contrarias a derecho”.
Lea también: Alias 'Zarco', implicado en caso 'falsos positivos', fue recapturado en España
En agosto del 2019 la Fiscalía emitió un comunicado anunciado nuevas imputaciones de cargos contra los magistrados del Meta.
“Gracias a un nuevo material probatorio recopilado, pudieron documentarse algo más de 20 decisiones contrarias a la ley y que habrían sido emitidas por los citados magistrados”, dice el comunicado de la Fiscalía.
