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La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró "improcedente" la tutela que interpuso Andrés Felipe Marín Silva, alias 'Pipe Tuluá', para tratar de derribar la extradición a Estados Unidos que la Sala de Casación Penal autorizó por sus crímenes en la banda vallecaucana la Inmaculada.
En noviembre, la Sala Penal avaló el envío de Marín a Norteamérica, donde lo requiere la Corte del Distrito Este de Texas para que responda por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir. Mientras se concreta su extradición, está recluido en una estación de Policía en Bogotá.
Un mes después, el presidente Gustavo Petro oficializó el procedimiento, que incluye una petición de que Estados Unidos se comprometa a no someter a Marín a desaparición forzada, torturas, tratos inhumanos o prisión perpetua. Cuando Washington entregue su compromiso, Bogotá extraditará a 'Tuluá'.
Tras conocer la decisión del Gobierno nacional, 'Pipe Tuluá' presentó una tutela alegando una supuesta vulneración a sus derechos al debido proceso, la defensa, la libertad personal y el acceso a la administración de justicia. Su intención era tumbar el concepto favorable de la Corte Suprema.
El rechazo
Con ponencia de la magistrada Hilda González, presidenta de la Sala Civil, la Corte desestimó el amparo, que, aunque atacaba la postura de la Sala Penal, también buscaba desmarcarse de la resolución de Petro. Marín puede impugnar el fallo, pero tendría una respuesta solo después de la vacancia judicial.
"Esta especial justicia no puede arrogarse competencias para resolver sobre una cuestión que en principio debe ser abordada por las vías legalmente establecidas, sobre aspectos que deben ser ventilados ante el juzgador natural", remarca el corto fallo de la Civil.
La decisión dice que la resolución que el jefe de Estado firmó es un acto administrativo, por lo que puede controvertirse ante la jurisdicción contencioso administrativa, no a través de la tutela, que es un mecanismo excepcional. Incluso, Marín podía radicar un recurso de reposición.
Acercamiento
"Resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional", concluyó la Corte. En paralelo, el Ejecutivo busca acercamientos con la Inmaculada, y nombró a Jorge Lemus, director nacional de Inteligencia, como jefe de los diálogos para conocer la voluntad de paz de la banda.
Las autoridades han preparado la extradición de 'Pipe Tuluá' desde junio, cuando la Policía lo trasladó en helicóptero desde la cárcel La Picota, el complejo carcelario más importante del país, hacia la estación de Policía de Los Mártires, en el centro de la capital.
Marín permanece recluido desde 2015, y actualmente cumple una condena de treinta años de prisión. A lo largo de su detención, la Inmaculada incrementó su control del microtráfico y la extorsión, y amplió su presencia desde el Valle del Cauca hasta el Cauca y el Eje Cafetero.
El 4 de junio, cuando parecía inminente la extradición, varios delincuentes quemaron vehículos en Tuluá, por lo que el Gobierno local decretó un toque de queda. El Ministerio de Defensa prometió medidas de seguridad y aseguró que la decisión "responde a una solicitud formal" de Estados Unidos.
