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El procurador Alejandro Ordoñez le recordó a los jefes negociadores del Gobierno y de las Farc, los 10 mínimos penales enviados el pasado 20 de agosto, con el fin, de que, en esta etapa de negociaciones lo tengan en cuenta para futuras decisiones en los diálogos del proceso de paz.
El jefe del ministerio público resaltó como hechos positivos que las Farc acepten que un acuerdo debe acatar el derecho internacional y que Gobierno y oposición coincidan en la necesidad de que existan penas privativas de la libertad para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidios y graves violaciones a los derechos humanos.
El informe de 80 páginas es el resultado de un análisis que sobre justicia transicional adelantó durante meses el ministerio público, consultando la jurisprudencia y los estatutos de los tribunales penales internacionales, así como los instrumentos de protección de los Derechos Humanos en Colombia.
Advirtió también el jefe del órgano de control que los mecanismos de justicia y su marco de aplicación tampoco pueden omitir la investigación, el juzgamiento, la condena judicial ni el cumplimiento efectivo de las penas de reclusión, cuando los responsables de crímenes atroces sean agentes estatales, integrantes de la Fuerza Pública, autoridades civiles o dirigentes políticos.
Sin embargo precisa que la definición de estos puntos es competencia exclusiva del Congreso de la República.
