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El presidente Gustavo Petro pidió durante tres años información concluyente a la inteligencia militar para que las unidades del Ejército y la Fuerza Aérea se cercioraran de que no había menores antes de la ejecución de una operación ofensiva de la talla de un bombardeo.
De hecho, el Gobierno inició los bombardeos solo el 2024, con énfasis en el Clan del Golfo y el grupo de las disidencias de las FARC de 'Iván Mordisco'. Desde el 21 de enero de este año, la Defensoría del Pueblo publicó tres alertas tempranas acerca de crímenes de grupos armados en las regiones en las que el Ejecutivo autorizó los ataques. Las mismas zonas en las se comprobó la muerte de menores de edad.
Las advertencias son los mecanismos con los que cuenta el Ministerio Público para narrar violaciones de Derechos Humanos que el Estado debe atender. Su objetivo es prevenir agresiones y proteger a las poblaciones víctimas del accionar de los grupos armados.
Con la primera alerta temprana de 2025, la Defensoría avisó del escenario de riesgo en siete departamentos del sur de Colombia, incluyendo dos en los que el presidente Petro ha ordenado bombardeos desde agosto: Amazonas y Guaviare.
En Amazonas aparece el municipio de Puerto Santander, donde las Fuerzas Militares adelantaron un bombardeo contra fuerzas de Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, el primero de octubre. Cuatro menores fallecieron en la ofensiva.
Mientras Petro afirmó que el dato es de una operación en Caquetá, Medicina Legal y la Defensoría sostienen que fue en Amazonas. La Procuraduría zanjará el contraste con dos de las cinco indagaciones que abrió por los decesos de menores en los ataques.
Las Fuerzas Militares informaron el 5 de noviembre de un “contundente golpe contra el terrorismo”, “la recuperación de un menor” y “la neutralización de cuatro” miembros de las disidencias en el municipio. Medicina Legal confirmó la muerte de los menores.
Puerto Santander ha estado junto a Solano (Caquetá), Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán (Putumayo), y Mesetas (Meta) entre los municipios con “riesgo inminente y extremo” por “la significativa degradación del conflicto armado”.
Las muertes de menores antes de las quince conocidas
La Defensoría documentó “prohibición de gestión digna de cadáveres”, reclutamiento forzado y “la baja” de niñas, niños y adolescentes en combate, además de la “afectación a pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural”.
El peligro principal para los departamentos focalizados en la alerta fue el recrudecimiento de los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, que afectan a la población civil y fortalecen dinámicas como el reclutamiento forzado.
La llegada en noviembre de 2024 a Calamar, en Guaviare, de las disidencias que comanda Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’, generó preocupación en las comunidades y la Defensoría por sus confrontaciones con una estructura de ‘Mordisco’.
El Gobierno actualmente dialoga con ‘Calarcá’ y sus grupos. El 10 de octubre unos 150 hombres de ‘Mordisco’ iban a emboscar a veinte militares en el resguardo Itilla, de Calamar. El presidente autorizó un bombardeo. Siete menores murieron.
La Alerta 001 de 2025 no menciona explícitamente un riesgo de reclutamiento en El Retorno. Sin embargo, insiste en el agudizamiento de los choques entre ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ y en el desplazamiento forzoso de menores reclutados.
“El interés de refuerzo de tropas también ha ido de la mano del reclutamiento de NNA provenientes del suroccidente del país, que han sido posteriormente trasladados a Putumayo, Caquetá, Meta y posiblemente a otros sectores”, señala el documento.
Según la alerta, las disidencias al mando de ‘Mordisco’ tienen “una importante composición de niños y niñas indígenas” en Puerto Leguízamo, Solano y Puerto Santander. Varios de ellos, reclutados en Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
Los menores indígenas, en riesgo permanente
Nueve meses después, en octubre, la Defensoría lanzó la Alerta Temprana 013 de 2025, sobre las elecciones de este año y del próximo. Y Llamó a la acción estatal “urgente” en Puerto Santander para “prevenir la materialización de hechos violentos”.
De acuerdo con la institución, en el área no municipalizada de Puerto Santander y en cinco municipios de Caquetá “pueden presentarse mayores restricciones de movilidad o confrontaciones que impidan el acceso al voto de las comunidades”.
Los escenarios de disputa armada representan un riesgo para la población civil, los liderazgos comunales y las autoridades indígenas, por la imposición de normas de control social y crímenes como violencia sexual, amenazas y reclutamientos.
Tres días después del bombardeo en Calamar, el presidente Gustavo Petro anunció, en la ceremonia de aniversario de la Policía, que ordenó una ofensiva similar en Puerto Rondón, Arauca. Ocho personas murieron, una era menor, según Medicina Legal.
El 8 de octubre la Defensoría publicó la Alerta Temprana 014 de 2025, ante “los graves riesgos identificados para la población civil”, derivados de los enfrentamientos entre un frente del ELN contra tres de disidencias del Estado Mayor Central de ‘Mordisco’.
Los menores en Arauca “continúan siendo involucrados directamente en el conflicto”, indicó la Defensoría. El reclutamiento forzado “genera graves consecuencias”, como pérdida de proyectos de vida y “exposición a distintas formas de violencia”.
Un problema crucial es el “claro subregistro” de las cifras de reclutamiento forzado. La Red Nacional de Información para Arauca documentó 415 casos entre 1985 y 2025. Se han acreditado casos de menores reclutados en Cauca y trasladados al departamento.
“Se sabe de la altísima vulnerabilidad y riesgo de los NNA de las comunidades indígenas”, advirtió la entidad, que ha visto casos de niñas de once años reclutadas y de la muerte de dos menores entre agosto y septiembre en Tame.
