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De acuerdo con el viceprocurador Juan Carlos Cortés, es necesario que la Corte Constitucional ejerza los controles para que se blinden jurídicamente los acuerdos y la implementación de la Justicia Especial para que haya reparación integral de las víctimas.
"La restricción en la intervención a favor de las víctimas, sometida a la voluntad de otra rama del poder público, anula el control recíproco entre aquellos, y por ende desequilibra los contrapesos naturales diseñados en la Carta", señaló el funcionario.
Entre tanto, el Fiscal Néstor Humberto Martínez consideró que la Corte Constitucional tiene que analizar los límites que deben existir entre la justicia ordinaria y la justicia especial para no quitar las facultades que tienen frente a delitos relacionados con narcotráfico, enriquecimiento y testaferrato.
Según el Fiscal "Colombia tiene derecho a ser tránsito a una paz sosegada, una paz estable, realmente duradera que se extienda en el tiempo y que no se reabra en las próximas décadas a partir de una cosa juzgada Constitucional feble; los colombianos tenemos derecho a una paz le implique el silencio de los fusiles y que implique igualmente que no haya impunidad y que haya seguridad jurídica para todos".
El Fiscal Martínez advirtió que deben analizarse las facultades de intervención frente a los terceros que cometan ilícitos ya que no está estipulado en este Acto Legislativo.
Para la Fiscalía este aspecto puede abrir puertas a la impunidad porque fue precisamente a través de terceros que los grupos armados ilegales se valoren para apropiarse de territorios y de ejercer acciones violentas contra la población.
Las intervenciones realizadas por los organismos de control se dieron en el marco de la audiencia y de control al acto legislativo para la paz que fue convocada por la Corte Constitucional.
