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El mayor general William Ernesto Ruiz Garzón, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue removido de su cargo luego de que la excongresista Aida Merlano se fugara. La decisión también cobija a Diana Muñoz, directora de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, quien fue la persona que autorizó que la ex representante a la Cámara saliera del penal a practicarse un diseño de sonrisa.
"Hay un procedimiento que, en función del director de la cárcel, quien es el jefe de gobierno interno, responde ante esas necesidades, como son remisiones judiciales y remisiones médicas. En este caso, la directora (Diana Muñoz), por autonomía, dio la autorización para asistir a una cita médica odontológica especializada a un centro externo de salud. En este caso la boleta menciona diseño de sonrisa", aseguró el oficial destituido.
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El mayor general William Ernesto Ruiz Garzón agregó que, por mandato de la Corte, ellos deben acceder a que un recluso sea atendido con dicho procedimiento. También señaló que ellos, como autoridad, han intentado frenar este procedimiento, pero los afectados presentan tutelas que el alto tribunal resuelve a favor de ellos y por tanto las autoridades deben cumplir la ley.
El oficial aseguró en LA FM que su cargo estaba a disposición del presidente de la República y este mismo miércoles se confirmó su destitución, al igual que la salida de Diana Muñoz como directora de la cárcel El Buen Pastor. La polémica también se suscitó porque en el penal hay consultorio odontológico.
Óscar Robayo, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), habló con LA FM de la fuga de la excongresista del Partido Conservador y reiteró que en el sitio de reclusión también había servicio odontológico. Según dijo, "hay una mafia que planeó esta fuga" que, insistió, se empezó a planear con "fallas administrativas" como sacar a Aida Merlano de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá con una dragoneante y bajándole el nivel para que tuviera menos guardias sobre sí.
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Además, aseguró, en prisión también se brindan procedimientos odontológicos y no se explica cómo nadie dijo nada luego de cuatro horas de una consulta. "El centro médico tiene mucha complicidad, aunque no lo quiera decir", aseveró. De igual forma, indicó, al odontólogo le debieron ofrecer mucho dinero para que se prestara a la fuga de la congresista conservadora.
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El 13 de marzo pasado de 2018, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia contra la ex representante a la Cámara Aída Merlano, luego del allanamiento a su sede de campaña en Barranquilla, donde habría funcionado una sofisticada red de compra de votantes, que incluso utilizaba calcomanías con código de barras bidimensional (código QR) para identificar y hacer seguimiento a los líderes encargados de la compra de votos.
Funcionarios de la Dijín recibieron la información de que en una vivienda ubicada en el barrio El Golf de Barranquilla, conocida como “La casa blanca”, funcionaba un comando político desde el que, supuestamente, se compraban votos para la jornada electoral.
