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Con ocasión de la priorización de las investigaciones de los magnicidios de los años 90’s y en relación con las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los hechos que rodearon el crimen del líder político de la Unión Patriótica y excandidato presidencial, Bernardo Ossa Jaramillo, el fiscal de conocimiento decidió llamar a indagatoria a doce personas que podrían estar vinculadas con este hecho.
De acuerdo con la hipótesis central de la decisión, pudo existir una alianza criminal enttre los Hermanos Castaño, ya condenados, y algunios integrantes del extinto DAS, para asesinar al expresidente de la Unión Patriótica en marzo de 1990.
Al efecto, el fiscal asignado al caso vinculó a las investigaciones a nueve escoltas del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y tres integrantes de la Policía Nacional, quienes pertenecieron al esquema de seguridad del entonces aspirante político y estarían involucrados en su homicidio ocurrido hace 28 años en el Puente Aéreo de Bogotá.
Las personas citadas a indagatoria son:
1) José Alirio Nocobe Suárez, jefe de esquema de escoltas del DAS.
2) Edilberto Gordillo Álvarez, detective escolta del DAS.
3) Hilver Peña Vergara, detective escolta del DAS.
4) José Antonio Santamaría Cristancho, detective escolta del DAS.
5) Edilson Suárez Mendieta, detective escolta del DAS.
6) Marco Antonio Cruz Vidal, detective escolta del DAS.
7) Óscar Orlando Manrique, detective escolta del DAS.
8) Andrés Orlando Daza Triana, detective escolta del DAS.
9) Eder Ocampo Ceballos, detective escolta del DAS.
10) José Arnulfo Oliveros, coronel en retiro de la Policía Nacional, quien para la época tenía el grado de capitán y era el enlace de la institución con el esquema de escoltas del DAS.
11) Jorge Enrique Pedraza Palacios, integrante de la Policía Nacional asignado al esquema oficial de protección de Bernardo Jaramillo Ossa.
12) Lisandro Beltrán Muñoz, miembro de la Policía Nacional asignado al esquema oficial de protección de Bernardo Jaramillo Ossa.
La posible participación de agntes del Estado en este magnicidio esta sustentada en la presunta existencia de un plan de aniquilamiento del nuevo partido; la protección que recibió el sicario el día de los hechos y las aparentes desviaciones que se promovieron con posterioridad, en relación con la investigación judicial.
