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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera sentencia restaurativa contra siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc-EP por la política de secuestros cometida en el marco del conflicto armado, la cual dejó al menos 21.396 víctimas documentadas. La decisión impuso la máxima Sanción Propia de ocho años, consistente en trabajos, obras y actividades de carácter restaurativo en favor de las comunidades y de las víctimas.
¿Quiénes son los sancionados y qué crímenes se les atribuyen?
Los comparecientes sancionados son Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
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La JEP los declaró máximos responsables de los crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidios y desapariciones forzadas, así como de los crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, asesinatos, tortura, violencia sexual, esclavitud, desplazamiento forzado y otros actos inhumanos. La investigación determinó que el secuestro fue una política criminal sostenida en tres patrones: financiación de la organización armada, presión al Estado para intercambiar prisioneros y control social y territorial.
La sentencia subrayó que los exjefes guerrilleros hicieron del secuestro un fenómeno sistemático y generalizado entre 1993 y 2012, lo que produjo un daño sistémico a víctimas, familias, comunidades y territorios.
¿En qué consisten las sanciones impuestas por la JEP?
La condena contempla que los sancionados cumplan con proyectos restaurativos durante ocho años. Entre ellos están la búsqueda de personas desaparecidas, la acción integral contra minas antipersonal, actividades de recuperación ambiental y labores de memoria y reparación simbólica.
En Palmira, Valle del Cauca, se priorizó un proyecto de identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas. También se implementarán iniciativas de relatos dignificantes en Cali y Neiva, transcripción de testimonios, sistematización de información, creación de artefactos de memoria y actos públicos de perdón.
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Los comparecientes deberán además participar en la recuperación de ecosistemas, instalación de viveros, cultivos de pancoger y señalización de zonas afectadas. En materia de desminado, tendrán que recolectar y actualizar información sobre áreas de riesgo, elaborar cartografía y realizar talleres comunitarios.
Durante este periodo estarán sujetos a restricciones efectivas de derechos como la movilidad y la residencia. Portarán un dispositivo electrónico de monitoreo, permanecerán en espacios geográficos determinados y deberán cumplir horarios y tareas específicas.
¿Cómo se garantiza el cumplimiento y qué viene después?
El cumplimiento de las sanciones será verificado por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, integrado por la JEP y la Misión de Verificación de la ONU. El Gobierno Nacional deberá garantizar los recursos y medidas necesarias para ejecutar los proyectos. Además, se impartieron órdenes a la Unidad de Víctimas y a la Unidad de Restitución de Tierras para que informen a las víctimas sobre sus procesos y reevalúen solicitudes de inclusión y reparación administrativa.
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En el marco del Caso 01, la JEP concluyó que el secuestro causó daños morales, existenciales, patrimoniales, ambientales y sociales. Durante el proceso, se escucharon testimonios de víctimas que recibieron reconocimientos y pedidos de perdón por parte de los exjefes guerrilleros.
El magistrado Camilo Suárez Aldana, ponente de la decisión, afirmó que la sentencia es “un acto de reconocimiento” que exige a los responsables aportar verdad y trabajar en favor de las víctimas. Por su parte, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, destacó que se trata de “un hito” en el camino de la justicia transicional.
En los próximos días los sancionados y las víctimas serán notificados de la decisión y se iniciará la etapa de alistamiento para ejecutar los proyectos restaurativos. Paralelamente, la JEP avanza en la investigación contra mandos medios de las antiguas Farc-EP, quienes también podrían recibir sanciones propias si cumplen con los requisitos de reconocimiento y verdad.
