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Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emprendieron las labores para estudiar una de solicitud de medidas cautelares para proteger los hornos crematorios, que se denunció, fueron empleados por los exmiembros de los grupos de las extintas autodefensas para desaparecer los cuerpos de sus víctimas.
Según los informes técnicos de los investigadores de la JEP, en estos lugares podrían encontrarse los restos de víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado.
Esta información está siendo contrastada con las declaraciones y confesiones realizadas en la Audiencia Única de Verdad a la que compareció ante la JEP el excabecilla paramilitar Salvatore Mancuso, extraditado a los Estados Unidos.
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De acuerdo con los magistrados luego de proferir diversas órdenes, la Sección de Ausencia de Reconocimiento estudiará las solicitudes para proteger un predio del corregimiento de Juan Frío, en Villa del Rosario, así como otro predio en el corregimiento de Banco de Arenas, Puerto Santander, Norte de Santander.
De otra parte, la JEP ultíma los detalles logísticos para la audiencia del próximo 27 de junio en la que ocho miembros del Ejército Nacional aceptarán su responsabilidad, de manera pública, por participar en la ejecución de crímenes de guerra y lesa humanidad por desaparecer y asesinar a 47 personas entre 2002 y 2006 que fueron presentadas como bajas en combate y que fueron inhumadas en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, en Antioquia.
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Esta diligencia hace parte del macrocaso en el que se investigan los denominados falsos positivos.
A esta audiencia fueron citados entre otros “el coronel Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas, Hernando Cómbita Salazar (BCG 79); Edie Pinzón Turcios, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 26 Arhuacos (BCG 26) y dos mayores en retiro: Yair Leandro Rodríguez Giraldo (BCG 26) y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (BCG 79)”.
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