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La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlenne Orjuela, pidió a una juez de Bogotá emitir una sentencia condenatoria contra el expresidenteÁlvaro Uribe Vélezpor supuesto soborno de testigos y fraude procesal.
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Esta solicitud fue realizada en el marco de los alegatos finales del juicio, que se iniciaron este martes tras haber culminado la etapa probatoria del juicio oral contra Álvaro Uribe Vélez, después de 57 diligencias que se extendieron durante cuatro meses.
Según la fiscal delegada, en este caso las pruebas practicadas han sido concluyentes para inferir la presunta responsabilidad del exmandatario en los delitos formulados durante la acusación y a lo largo del juicio.
“Hoy, con pleno respeto de las garantías procesales, comparece el ente fiscal a solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador de las conductas punibles de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno conforme a los artículos 453, 444A y 444 del Código Penal Colombiano”, indicó la fiscal Orjuela.
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"La estructura probatoria desplegada en esta audiencia, como lo fueron declaraciones, interceptaciones legales, documentos registros audiovisuales y el contexto factico integral, no sólo ha superado con suficiencia el estándar de certeza, sino que ha dejado sin asomo de duda que el acusado, ideo, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos clave como Juan Guillermo Monsalve Pineda y Pablo Hernán Sierra García y construir una narrativa exculpatoria que favoreciera sus intereses personales", añadió la fiscal.
Este proceso se originó de la decisión del 16 de febrero de 2018 de la Corte Suprema de Justicia de abstenerse de adelantar una investigación formal contra el senador Iván Cepeda, al demostrarse que el congresista no abusó de sus funciones, no determinó que reclusos, mediante sobornos, que testificaran contra el expresidente Uribe, su hermano Santiago Uribe y otras personas, y que actúo dentro del marco constitucional y legal.
En su momento, la decisión de la Corte Suprema indicó lo siguiente: "Así las cosas, a juicio de la Sala, el fundamento de la denuncia (presentada el 23 de febrero de 2012 por el expresidente) parece reducirse a la molestia del doctor Álvaro Uribe, porque, precisamente, alguien a quien ha llamado guerrillero hiciera públicos los señalamientos criminales que Pablo Herrán Sierra y Juan Guillermo Monsalve han reiterado, y le haya solicitado a la Fiscalía General de la Nación las investigaciones correspondientes".
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La fiscal Orjuela aseguró que, a lo largo del juicio, se logró probar que el expresidente Álvaro Uribe Vélez habría determinado al abogado Diego Cadena para que testigos como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve faltaran a la verdad y se retractara a cambio de beneficios de las acusaciones que hizo desde el año 2011 y que mantuvo y mantiene hasta la fecha.
“Emitir ese sentido de fallo condenatorio a Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en la actuación penal, ya que se probó que el abogado Diego Javier Cadena Ramírez actuó en su nombre y representación para que Monsalve Pineda se retractara de las acusaciones que hizo desde el año 2011 y que mantuvo y mantiene hasta la fecha, para lo cual, entre otros, le ofrecieron en forma gratuita el trámite de una acción de revisión de los procesos que en su contra existían con sentencia debidamente ejecutoriada, mejores condiciones en su reclusión y si públicamente pedía seguridad para él y su familia, se apoyaría su pedimento. Este evento igualmente es el insumo central también para derivar esos punibles de fraude procesal".
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La fiscal pidió a la juez 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, tener en cuenta como una prueba clave, sólida, creíble, contundente y eje estructural del proceso para condenar al expresidente Álvaro Uribe Vélez la declaración rendida en juicio por el senador Iván Cepeda que demostraría la responsabilidad del exmandatario en soborno de testigos y fraude procesal.
