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La vice fiscal general, María Paulina Riveros, indicó que los investigadores establecieron que los particulares habrían solicitado presuntamente información relacionada con investigaciones o procesos registrados en la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA, de la Fiscalía.
Los investigadores encontraron que los funcionarios, aparentemente implicados, tasaban la suma a cobrar de acuerdo con la urgencia y dificultad para obtener la información judicial.
Los implicados habrían llegado pedir entre $100.000 y $2.000.000 a los interesados, quienes debían pagar en efectivo o a través de empresas de giros para suministrarles los datos personalmente, por teléfono, correo electrónico, mensajería de texto.
De acuerdo con la investigación adelantada por el Eje Temático de Corrupción en la Administración de Justicia, estas solicitudes se realizaban de manera reiterada a los funcionarios para la obtención de tarjetas decadáctilares , certificaciones sobre antecedentes de determinada persona, así como para borrar anotaciones o antecedentes judiciales, entre otros.
La Fiscalía reportó que cinco de las capturas se hicieron efectivas en Bogotá y una en Medellín. Los implicados deberán responder por los delitos de violación de datos personales, cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y cohecho propio.
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