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La Fiscalía General de la Nación avanza en una nueva fase de las investigaciones para lograr la judicialización de los presuntos responsables en el entramado de corrupción que direccionó la contratación y se apropió de recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Como parte de estas labores, ese organismo anunció ocho nuevas imputaciones contra altos funcionarios, abogados, contratistas y representantes legales, relacionados con la reducción de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
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La Fiscalía confirmó que también pedirá que se les imponga medida de aseguramiento privativa de la libertad a los ocho nuevos implicados con el fin de que sean enviados a la cárcel.
Entre los nuevos vinculados se destaca el nombre de César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, a quien la Fiscalía le imputará cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
También será imputado el abogado Édgar Riveros Rey, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
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Igualmente, será imputada Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas por prestación de servicios de la UNGRD, por los delitos delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
Igualmente, se les formulará cargos a Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas, respectivamente, de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú), por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
Finalmente, serán imputados Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública; y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD, por el delito de lavado de activos.
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De acuerdo con los investigadores, Olmedo López gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político, César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el traslado de cerca de 100.000 millones de pesos que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras, a cambio de 'coimas' para que dichos funcionarios direccionaran a empresarios cercanos la contratación de plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos, carrotanques, pozos subterráneos
En la acusación contra el exsubdirector de conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barrero Gantiva, se señala que "consiguió en acopio con el exdirector de la Función Pública, una reunión entre Gerardo Vega entonces director de la Agencia Nacional de Tierras y Olmedo López, con el propósito de conseguir la reducción por el monto cercano a los 100.000 millones de pesos de los recursos del Convenio No. 9677-CV020-021-2023, que terminaron siendo utilizados para direccionamiento de contratos en el marco de este entramado de corrupción".
