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En la mañana de este miércoles agentes del CTI de la Fiscalía General adelantan una inspección judicial al juzgado cuarto de ejecución de penas y medidas de Barranquilla, el mismo que el pasado 28 de diciembre dio la libertad provisional para los empresarios Guido Nule Marino y Mauricio Galofre, condenados por el 'carrusel de la contratación'.
Esta inspección se hace en el marco de la investigación que se adelanta por las presuntas irregularidades, que se habrían presentado en el otorgamiento de este beneficio a los dos contratistas, por cumplir las tres quintas de la pena, implicados en el escándalo de corrupción que se presentó durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas.
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Fuentes cercanas a la Fiscalía General señalan que los agentes recolectan información sobre los expedientes de Nule y Galofre, así como todo el procedimiento que realizó el funcionario judicial.
El pasado martes, la Procuraduría General presentó recurso de apelación en contra de la medida que tomó el juez Jaime Carlo Mastrodoménico, al considerar que el otorgamiento de la libertad condicional no cumplió con los requisitos que exige la ley.
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El ministerio público reseñó además que el juzgado no tuvo en cuenta la gravedad de los hechos por los que fueron condenados Nule y Galofre y el hecho que hasta la fecha no se han indemnizado a las víctimas del 'carrusel de la contratación' en Bogotá.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 19 años y cinco meses de prisión a Guido Nule Marino -quien era considerado el relacionista público del Grupo Nule- por las irregularidades en la celebración de millonarios contratos viales en Bogotá, entre los que se encuentra la tercera fase de TransMilenio por la calle 26 y la reparación de la malla vial.
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En el fallo del 13 de octubre de 2017, la Corte Suprema de Justicia sentenció a 13 años y siete meses de prisión a Mauricio Galofre.
En esa oportunidad, el alto tribunal determinó que pese a la aceptación de cargos, los integrantes del denominado Grupo Nule no habían manifestado su interés de reparar a las víctimas acreditadas durante el juicio y no habían adelantando las medidas para colaborar con las autoridades.
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