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El director de la Unidad de investigación y Acusación de la JEP, aseguró que de ser necesario serán citados a declarar los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe para definir si se llama a juicio al general retirado Mario Montoya por su responsabilidad en el asesinato y desaparición de al menos 118 personas que fueron presentadas como falsas bajas en combate en el Oriente antioqueño, cuando se desempeñaba como comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional, entre 2002 y 2003.
“Haremos una investigación cuidadosa y rigurosa por parte del equipo de la Unidad de Investigación y Acusación, de manera que el fiscal al que le corresponda el caso, con su equipo de investigadores, será muy cuidadoso en el desarrollo de la misma”, dijo el fiscal de la JEP.
Así mismo, sostuvo que la fiscalía de la JEP también podría realizar diligencias en el exterior y, si es necesario, en el caso de eventuales citaciones a expresidentes para testificar, podrían practicarse de manera presencial o mediante certificación jurada.
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“Hay unas formas de recibir estos testimonios. Ellos pueden venir a hacerlo de viva voz, comparecer ante los fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación, o puede hacerse a través de certificación jurada por su calidad de expresidentes”, indicó.
El fiscal de la JEP Álvarez Santoyo señaló que se le imprimirá la mayor celeridad a este proceso, pese a que se cuenta con dos años y medio por ley para definir si se le acusa a no al General retirado y advirtió que de ser vencido en juicio se pedirá la máxima condena en su contra de 20 años de cárcel.
“De acuerdo con las reglas procesales que tenemos, el término máximo con que cuenta un fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación, pues es de dos años y medio, un año y medio para la indagación y un año para la investigación formal, pero por supuesto la idea es no utilizar todo este tiempo, porque en materia de justicia transicional tenemos que pensar en agilidad y eficiencia”, dijo el fiscal de la JEP.
Según la JEP a partir de las versiones de 64 integrantes de la fuerza pública, entre otras fuentes documentales, como 12 informes, aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, se determinó que, contrario a este deber constitucional, Montoya Uribe generó las condiciones que llevaron a la comisión de los crímenes imputados.
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De acuerdo con la magistrada Catalina Díaz la consigna del general retirado al momento de exigir resultados era: “resultados por barriles de sangre” y “las unidades deben colocarse al día en bajas”.
También se estableció que esta esta exigencia por “barriles de sangre” venía, acompañada del rechazo violento o desincentivo de la presentación de otros resultados operacionales como las capturas, heridos o incautaciones.
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