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El mecanismo de justicia transicional establecido en el Acuerdo de Paz para investigar y juzgar los actos cometidos con ocasión del conflicto armado de más de cinco décadas también otorgó beneficios a los militares investigados.
Al respecto, hay cientos de uniformados que siendo investigados por actos cometidos en tantos años de guerra han decidido acogerse a la Justicia Especial de Paz para recibir los beneficios de este sistema a cambio de contar toda la verdad.
De acuerdo a la JEP, se han recibido cerca de 2.585 solicitudes de miembros de la Fuerza Pública para suscribir Actas de Compromiso de Libertad Condicionada.
De momento se han concedido 909 libertades condicionadas, transitorias y anticipadas por haberse acogido a la JEP.
También se han otorgado 134 beneficios de reclusión en centros militares o policiales a uniformados que han presentado esa solicitud.
Esta semana, Human Rights Watch (HRW) cuestionó como en Colombia hay "graves deficiencias" en la Jurisdicción Especial para la Paz al considerar que podría permitir a criminales de guerra eludir un "castigo serio".
En ese sentido, HRW presentó un memorial llamado "amicus curiae" (amigos de la corte) enviado a la Corte Constitucional para poner sobre la mesa varias consideraciones.
En su memorial, la ONG considera que hay problemas en la definición de "responsabilidad de mando", es decir, "el criterio que determina cuándo los comandantes pueden tener responsabilidad penal por los delitos cometidos por sus subordinados".
Al respecto, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, pidió a la Corte Constitucional "garantizar una rendición de cuentas genuina, tanto para los altos mandos del Ejército como para comandantes de las Farc que hayan cometido crímenes de guerra".
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