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El abogado Sebastián Escobar, quien defiende a los familiares de Jaime Garzón Forero lamentó que el juzgado séptimo especializado de Bogotá -que condenó a 30 años de prisión al exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez por este crimen- no aceptara la petición para declarar este caso como de lesa humanidad.
Para Escobar, el despacho judicial fue incoherente con las decisiones emitidas en el año 2016 por la Fiscalía General y el Consejo de Estado que declararon que el asesinato de Garzón había sido parte de un plan sistemático ejecutado por los grupos paamilitares, en colaboración con la Fuerza Pública, para atentar y exterminar a defensores de derechos humanos y periodistas.
"Los representantes y la familia hemos considerado siempre, y así se lo hemos hecho saber a todas las autoridades judiciales, que el crimen se declare de lesa humanidad (...) Tiene que ver con la verdad de los hechos, no es lo mismo decir que a Jaime Garzón lo matan como parte de un ataque individual y aislado que decir que fue parte de un plan para atentar contra la vida de personas que, como Jaime, pues hacían un trabajo humanitario y en búsqueda de la paz", explicó en diálogo con RCN Radio.
Esta decisión tendría una implicación directa para el proceso contra Narváez -sentenciado por el delito de homicidio agravado en calidad de determinador- hecho por el cual le solicitarán al Tribunal Superior de Bogotá que revise la situación.
El abogado defensoraseguró que las autoridades judiciales deben continuar investigando la presunta participación de altos mandos militares de la época de los hechos en el plan para asesinar al periodista y humorista político.
El jurista señaló que varios oficiales del Ejército fueron señalados por excomandantes paramilitares de haber participado en el atentado contra Garzón, quien fue asesinado en la madrugada del 13 de agosto de 1999 en el occidente de Bogotá.
"Muchos comandantes paramilitares han señalado que el crimen de Jaime Garzón fue una sugerencia que transmitió José Miguel Narváez, pero que venía de altas instancias militares. Pese a que aún no existen a la fecha nombres concretos, nosotros sí creemos que la responsabilidad proviene de un sector más arriba de este estamento", precisó.
En la etapa de investigación se mencionó la participación del excomandate del Ejército, general (r) Jorge Enrique Mora Rangel. "Nosotros sí creemos que esa línea debe seguir investigándose a profundidad porque no está totalmente esclarecida y de paso investigar la participación de altos mandos militares de la época".
Explicó que el proceso contra el coronel (r) Jorge Eliécer Pazas Acevedo se encuentra suspendido, puesto que el excomandante del B-2 de la Brigada XIII del Ejército Nacional solicitó que su caso pase a conocimiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Plazas es procesado por presuntamente ordenar seguimientos y la recolección de información de los movimientos de Garzón Forero. Estos datos le fueron entregados a la banda delincuencial de La Terraza de Medellín, contratada por el excomandante paramilitar Carlos Castaño Gil para ejecutar el crimen.
"Hay una investigación que se encuentra en etapa de pruebas en contra del general (r) Rito Alejo del Río", precisó.
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