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La Corte Constitucional aceptó estudiar una demanda contra la ley de Paz Total, puntualmente contra el artículo que establece que la información que se realizará en los "Gabinetes de Paz" será reservada.
Para los accionantes, la información que resulte de esta reunión en la que participará el gabinete ministerial para asuntos destinados a la paz, debe ser de público conocimiento, pues garantiza el ejercicio de la participación democrática.
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"La entidad actora hace referencia a la jurisprudencia constitucional que ha establecido que el acceso a la información pública garantiza el ejercicio de la democracia participativa y posibilita el control ciudadano en la actividad estatal", afirma el auto de admisión.
Los demandantes destacan que en la ley no se ponen fechas ni plazos para la presentación de un informe en el que se den cuentas de los puntos discutidos en los gabinetes de paz.
"La norma demandada establece la obligación de rendición de un informe 'acerca del desarrollo de los diálogos o acercamiento', no obstante, no se fijan reglas de plazo, periodicidad o contenido, dejando al arbitrio de la autoridad el cumplimiento de dicho mandato", añade el documento de la corte.
La demanda insiste que, según la ley, se deben especificar las razones por las que la información es objeto de reserva, pues en este caso la limitación del acceso se hace manera irrazonable, por lo que se vulneran garantías democráticas.
"Si la norma no contiene las condiciones precisas de la reserva de la información, limita el acceso a la misma de forma irrazonable y permite una amplia discrecionalidad de las autoridades administrativas. Por tanto, según la demandante, vulnera la garantía democrática de recibir información veraz e imparcial", citaron los magistrados en el documento.
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El despacho de la magistrada Cristina Pardo avanza recolectando los pronunciamientos de organizaciones y entidades, para posteriormente iniciar el análisis y debatir la decisión en la Sala Plena.
