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El representante de la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, describió en entrevista con La FM Fin de Semana el estado actual del conflicto armado en la región, sus efectos sobre la población civil, las expectativas frente a eventuales operaciones militares y las actividades económicas que sostienen a las comunidades del territorio.
¿Qué está pasando con la seguridad y el conflicto armado en el Catatumbo?
Quintero afirmó que la situación genera una “profunda tristeza y preocupación” por el nivel de escalamiento que puede alcanzar. Explicó que el conflicto se agudizó desde enero del año pasado con la confrontación entre el ELN y el Frente 33, una dinámica que comparó con la crisis registrada en 2018 entre los llamados Pelusos y el ELN.
Según señaló, actualmente el Frente 33 intenta tomar territorios que han sido controlados históricamente por el ELN, lo que ha derivado en una crisis humanitaria en varios centros poblados del municipio de Tibú. Mencionó de manera puntual a Versalles, Pacheli y Filogringo como zonas afectadas por los enfrentamientos.
El representante indicó que la confrontación se presenta “en medio de la población civil”, situación que impacta directamente a niños, jóvenes y adultos mayores que residen en estas comunidades.
"Los hechos ocurren en un territorio fronterizo extenso, con más de 100 kilómetros de frontera con Venezuela, donde no existe control efectivo por parte de las autoridades de ninguno de los dos países", añadió.
En ese contexto, Quintero aseguró que dicho espacio fronterizo ha estado dominado por la ilegalidad desde hace décadas, lo que ha facilitado la permanencia y movilidad de actores armados. Esta realidad, explicó, incrementa los riesgos para la población civil y profundiza las dificultades para garantizar condiciones de seguridad en la región.
¿Qué propone frente a las operaciones militares y la economía del Catatumbo?
Consultado sobre la posibilidad de nuevas acciones militares, Quintero consideró que es probable que se desarrollen operaciones de la fuerza pública. Señaló que la población ha solicitado el control del territorio por parte del Estado, al considerar que existe una obligación de proteger a las comunidades que habitan la zona.
Durante la entrevista, afirmó que hasta el momento “el gobierno ha sido un simple espectador” frente a la falta de control territorial. No obstante, precisó que cualquier operación debe ejecutarse con especial cuidado para que no se afecte a los civiles y se respeten los derechos humanos de la población.
Quintero agregó que, si no es posible finalizar la confrontación armada entre el ELN y el Frente 33, se deben establecer “mínimos humanitarios” que eviten afectaciones a la población. "Las comunidades del Catatumbo ya han cumplido un rol de mediación en el pasado para reducir impactos sobre los civiles", indicó.
En relación con la economía regional, explicó que el Catatumbo representa cerca del 40% del territorio de Norte de Santander y que, aunque existe ilegalidad asociada al cultivo de coca, la región también es productiva en palma, cacao, café, hortalizas y arroz. Afirmó que desde el territorio se producen más de 250 toneladas de alimentos destinadas al resto del país.
El representante destacó que numerosos campesinos han optado por sustituir la coca de manera voluntaria, incluso sin acompañamiento institucional. Sostuvo que, en la medida en que productos como el café, el cacao o el plátano logren consolidarse como actividades productivas rentables, “la misma gente acabará con la coca”, según expresó.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM.
