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De acuerdo con el Consejo de Estado, los jueces no podrán negarse a estudiar a admitir procesos de reparación, bajo el fenómeno de la caducidad de dos años como lo advierte la normatividad general.
En el caso en particular, el Consejo de Estado, conoció sobre un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el cual había rechazado las pretensiones de un grupo de personas que demandaron a la Nación para recibir una reparación integral por ser víctimas de acciones 'sistemáticas' contra miembros de ese grupo político.
Dentro de la decisión del Tribunal, se estableció que no podían acceder a la demanda por cuenta de la caducidad en este caso y por lo tanto se limitó el derecho que habían argumentado los afectados frente a estos hechos.
La sección tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, explicó que el caso de la UP "podría encajar dentro de la comisión de un delito de lesa humanidad, lo que implicaría que el examen en torno a la producción del daño no está sujeto a términos".
