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La Fiscalía General de la Nación le envió una carta a la Corte Constitucional en la cual le hace reparos al proyecto de ley denominado "Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz".
De acuerdo con el ente acusador, el acuerdo final de paz entre Gobierno y Farc "no definió la jurisdicción competente para conocer de los delitos de ejecución permanente. Por ello, en el trámite de Acto Legislativo No 1 de 2017 la Fiscalía propuso que tales delitos fueran de conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria (Fiscalía General de la Nación), con apego a los principios rectores de la competencia de la JEP, que circunscriben el ejercicio de su jurisdicción, a los delitos ocurridos durante el conflicto hasta el 1 de diciembre de 2016".
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El ente acusador presenta reparos en cuanto a la "competencia para conocer del narcotráfico como delito de ejecución permanente", al recordar que delitos relativos al narcotráfico "cuya comisión haya iniciado con anterioridad al 1 de diciembre de 2016 y se proyecten en el tiempo después de dicha fecha serían de conocimiento de la justicia ordinaria".
Así las cosas, dice el ente acusador, corresponde a la JEP evaluar esos casos y determinar si deben ser investigados por la justicia ordinaria. De no hacerlo, señala la Fiscalía, sería haría imposible la judicialización de los reinsertados que continúen conservando narcocultivos. El ente acusador indicó que, tal y como están las cosas, pierden competencia frente a determinados procesos.
La misiva está firmada por Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, y fue enviada a Alejandro Linares Cantillo, presidente de la Corte Constitucional.
