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Al cumplirse 25 años de la masacre del congresista Diego Turbay Cote, su madre Inés Cote y cuatro acompañantes más, La FM conoció que la Unidad de Investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se alista con un abundante material probatorio para iniciar este 2026 el juicio en contra del excongresista Luis Fernando Almario Rojas tras haber sido acusado como pieza clave en este crimen de lesa humanidad.
Este hecho de violencia registrado en la mañana del 29 de diciembre del año 2000 se convirtió en uno de los capítulos de mayor impacto en la historia política del Caquetá, el cual fue perpetrado por las antiguas Farc mientras se adelantaban diálogos de paz con el gobierno del expresidente Andrés Pastrana.
El ataque fue cometido en el sitio conocido como La Gallera, en la vía hacia el municipio de Puerto Rico, por exguerrilleros del Frente 14 de las antiguas Farc que detuvieron una caravana de tres vehículos en la que se movilizaba el entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara, Diego Turbay Cote. Minutos después, el congresista fue asesinado junto a su madre y cinco acompañantes más. Todos ellos se aprestaban a asistir a la posesión del alcalde recién electo.
El día de la masacre también fueron asesinados el arquitecto Jaime Peña Cabrera, los escoltas Edwin Angarita Alarcón y Mail Bejarano Martínez. Al igual que Dagoberto Samboní Uni y el conductor Rafael Ocasiones Llanos.
Sin mediar palabras fueron asesinados
En el expediente, aún resuena la manifestación realizada por Diego Turbay al ser interceptados por las Farc: “Tranquilos muchachos, yo soy el presidente de la Comisión de Paz de la Cámara”. Sin embargo, según los testimonios y pruebas recolectadas sin mediar palabra, pese a la intención de diálogo del congresista, los acribillaron en plena vía.
Las pruebas indican que esta masacre obedeció a fines políticos presuntamente impulsados por el excongresista conservador Luis Almario para buscar erradicar el ‘Turbayismo’ en la región del Caquetá.
El exrepresentante Luis Almario Rojas buscó acceder a los beneficios de la JEP y se postuló como tercero civil. Sin embargo, su expediente fue remitido a la Fiscalía de este tribunal especial, ya que no aceptó su responsabilidad ni aportó verdad en torno a estos graves hechos.
El 29 de mayo de 2023, la Unidad de Investigación de Acusación acusó a Almario Rojas por el crimen de lesa humanidad de persecución por los asesinatos, secuestros y desplazamientos de los que fueron víctimas —por motivos políticos— 30 líderes, simpatizantes y colaboradores del llamado grupo turbayista del Caquetá.
En torno a esta decisión, el exrepresentante a la cámara instauró un recurso de reposición que negó por la Sección de Apelación.
Tras haber quedado en firme la acusación en su contra, este juicio adversarial se llevará a cabo el próximo año ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP y de ser derrotado en los estrados el excongresista se podría exponer a una condena de 20 años de cárcel.
Exjefes de las Farc a responder por esta masacre
La masacre de la familia Turbay Cote ha sido abordada también en el Caso 10 de la Sala de Reconocimiento, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc en el marco del conflicto armado colombiano.
El hecho fue abordado en las versiones voluntarias de los antiguos guerrilleros del Bloque Sur de las extintas Farc.
La FM conoció que en versiones voluntarias ante la JEP los exjefes de las Farc Milton de Jesús Toncel “Joaquín Gómez” y Fabián Ramírez Cabrera reconocieron la responsabilidad de esa antigua guerrilla e indicaron que se trató de una acción ejecutada entre “El mocho César”, comandante del Frente 15, y Óscar “El Paisa”, comandante de la Columna Móvil Teófilo Forero, bajo las órdenes del antiguo Secretariado de las Farc. Tanto “El mocho César” como Óscar El Paisa ya murieron.
La abogada Gabriela Ramírez, representante de víctimas del conductor Rafael Ocasiones Llanos señaló en audiencia ante los magistrados de la JEP que esta masacre hizo parte de un contexto de macrocriminalidad organizada, caracterizada por la selección de víctimas con alto valor simbólico y político, que buscaba desarticular redes de poder civil y consolidar el monopolio insurgente en las zonas rurales.
“Durante su versión del mes de mayo, el compareciente Milton de Jesús Toncell señaló que la masacre contra la familia habría sido autorizada por Manuel Marulanda. Argumentó que la señora Inés Cote de Turbay tenía una emisora que difundía expresiones calumniosas envenenando a las Farc. El señor Toncell afirmó que la pelea que existía en ese tiempo entre la extinta guerrilla se profundizó y no se amortiguó durante la zona de distensión a pesar de que Diego Turbay intentó dialogar”, agregó.
Hoy 25 años después, Constanza Turbay Cote hermana de Diego Turbay se encuentra exiliada por razones de seguridad y sigue a la espera de que haga justicia y se emita una sentencia contra los responsables de la masacre de su familia.
