La FM en Google News
Tras las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre la supuesta compra del software espía 'Pegasus' a Israel, la fiscal general Luz Adriana Camargo ha revelado nuevos detalles de la transacción, presuntamente realizada desde Colombia.
"La operación, valorada en 11 millones de dólares, existió. Se hizo un primer pago de 5,5 millones en junio. Según los registros, el dinero ingresó en efectivo y en dólares a través de un formulario de operación cambiaria, lo que confirma su llegada a Israel", afirmó la fiscal Camargo en diálogo con EL TIEMPO.
Lea también: Caso Pegasus: Fiscalía tiene indicios de pago por 5.5 millones de dólares a NSO Group
La fiscal destacó el carácter "objetivo" de la información, subrayando que no se trata de "una cuestión de creencias". Explicó que la alerta de operaciones sospechosas fue emitida tras un rastreo del dinero, proceso común en las unidades de inteligencia financiera de varios países.
Camargo aclaró que en la Fiscalía no se ha encontrado rastro de Pegasus, indicando que la investigación se ha centrado en determinar si el software está en otras entidades, como la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía, o el Ministerio de Defensa. "Sería bastante curioso tener una sala de interceptaciones ilegales; no la tenemos. Quiero ser tajante en esto", puntualizó.
Lea también: Las fechas y versiones de Pegasus que investiga la Fiscalía y no cuadran
Por su parte, el presidente Petro dio credibilidad a versiones de la prensa que señalan a aviones israelíes como el medio para transportar dinero en efectivo desde Colombia hacia Tel Aviv. Según Petro, dos aviones israelíes llegaron y despegaron desde El Dorado en las fechas indicadas por un informe de la agencia de inteligencia israelí sobre lavado de activos, utilizando los hangares de la Policía Nacional.
Petro agregó que espera que "la Policía conserve la minuta de esos vuelos y registre sus integrantes de llegada y salida". El mandatario subrayó que nunca ha mentido en sus debates en el Congreso y afirmó que "propagandistas del establecimiento" intentaron desmentir su versión, irrespetando su derecho a desclasificar información secreta cuando los derechos humanos de los colombianos están en riesgo.
