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El partido Centro Democrático se reunió con delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que están de visita en el país, para verificar las denuncias que se han presentado en los últimos meses por una supuesta violación de las instituciones y las garantías democráticas.
En el encuentro estuvo presente el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus abogados, que llevan el caso por presunta manipulación de testigos, por los que fue llamado a juicio por parte de la Fiscalía.
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En esta reunión, los miembros del Centro Democrático le pidieron a la CIDH hacerle un seguimiento especial al proceso judicial que se adelanta contra el exmandatario.
“Frente al tema del expresidente Álvaro Uribe, la delegación de la Comisión escuchó de primera mano al exmandatario y, además, recibió un informe detallado sobre su caso judicial. En este punto el Centro Democrático solicitó a la CIDH especial atención al proceso para evitar que el Gobierno Nacional tenga injerencia en el mismo y, de esa manera, la rama judicial pueda actuar con independencia frente al ejecutivo”, indicaron en un comunicado.
Igualmente, pusieron de presente que no existen pruebas que vinculen al expresidente Uribe en la comisión de algún delito.
“El partido puso de relieve ante la CIDH la validez de pruebas que fueron recogidas de manera ilícita como las interceptaciones practicadas al expresidente, en una clara violación a sus garantías procesales e infringiendo lo dictaminado por la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de tribunales de protección de derechos humanos. La solicitud del partido a la CIDH es que tales pruebas deben ser excluidas del proceso”, dijo.
Adicionalmente, la colectividad advirtió falta de garantías de seguridad en todo el territorio nacional, el debilitamiento de la Fuerza Pública tras las acciones del Gobierno, el irrespeto por las instituciones, por el derecho a la libertad de prensa y persecución a la oposición.
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“De igual manera, como partido de oposición, solicitamos coordinar una mesa con los organismos de seguridad, en especial la UNP, que evalúe los riesgos y brinde garantías a quienes están ejerciendo el ejercicio de oposición en Colombia y hoy son objeto de amenazas e intimidaciones”, indicaron.
También solicitaron que se ejerza una vigilancia especial del cumplimiento del principio de la separación de poderes y que no haya presiones de parte del Ejecutivo, contra las demás ramas del poder público.
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