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Al término de una reunión que sostuvieron con los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se encuentran de visita en el país, el expresidente Álvaro Uribe volvió a hablar del proceso judicial que se le sigue en su contra por presunta manipulación de testigos.
Uribe reveló que entregó a este organismo toda la documentación de este caso, que es bastante extensa y también aportará otras versiones que ha dado a la justicia sobre el paramilitarismo.
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“Nosotros sobre el caso le entregamos a la Comisión un folio documental muy extenso, se van a demorar muchos días leyendo toda la documentación que les entregué, esto es una documentación que prolija y se les va a agregar el tema de la versión libre y mi declaración ante la Fiscalía de Medellín”, dijo.
Uribe afirmó que durante la reunión con la CIDH, los delegados guardaron silencio y pidieron total confidencialidad.
El líder del Centro Democrático insistió en su inocencia y advirtió que no existen pruebas en su contra. “Cuál es el motivo para que cambien bruscamente la orientación de los dos fiscales que propusieron la preclusión, si no hay nada contra mí”, añadió.
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“Nosotros tenemos que conocer dentro de las nuevas pruebas, aquellas que nosotros pedimos, como la búsqueda selectiva de llamadas telefónicas que me favorecen. No hay nada contra mí que haya aparecido entre octubre y la fecha, mi pregunta es ¿por qué me acusan?”, añadió.
Negó que hubiese ido a las cárceles a buscar testigos para cambiar las declaraciones a su favor y que su único propósito fue verificar sus declaraciones y no sobornarlos en las cárceles. “Como voy a ser yo determinador de un soborno, si el abogado Diego Cadena no les pidió mentir o callar”, sostuvo.
Insistió en su proceso judicial tiene motivaciones políticas y cuestionó nuevamente las actuaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que en su momento llevaron el caso.
Reunión con la CIDH
En el encuentro con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro Democrático expresó su preocupación por la supuesta violación de las garantías democráticas y afectación de las instituciones en Colombia, por las decisiones que ha tomado el Gobierno de Gustavo Petro.
La senadora Paola Holguín dijo expresaron su preocupación por la política de paz total y las consecuencias que ha dejado la implementación del acuerdo de La Habana.
“Expresamos nuestra preocupación por el debilitamiento de la Fuerza Pública, el fortalecimiento de las estructuras criminales y el avance de delitos de mayor impacto como el secuestro, cuyas cifras son similares a las que teníamos hace 16 años”, sostuvo.
Además, se quejaron de las reformas que se están impulsando en el Congreso y el proceso de estatización que, según ellos, ha emprendido la administración del presidente Gustavo Petro en Colombia.
