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El exmagistrado de la Sala de Casación Penal, José Reyes Rodríguez Casas radicó una petición para que se le declare como víctima de su exjefe, el exmagistrado Gustavo Malo Fernández, dentro del denominado escándalo del ‘cartel de la toga’.
Rodríguez aseguró que fue despedido por Malo Fernández como retaliación por no prestarse para adelantar actividades ilegales en el estudio de procesos contra varios aforados constitucionales, entre ellos los congresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton.
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En la petición recuerda que el 30 de julio de 2015 el entones magistrado Malo Fernández le pidió su renuncia después que este presentara sus proyectos para abrir procesos formales en contra de Besaile y Ashton por la ‘parapolítica’. Los dos congresistas –para ese entonces- ya habían empezado a mover sus influencias y poder para desviar los expedientes y suspender las órdenes de captura, todo esto a cambio de altas sumas de dinero.
La excusa de Malo para pedirle a Rodríguez su renuncia –según cuenta el exmagistrado auxiliar- es que tenía un flojo desempeño laboral dentro del despacho. Sin embargo, reseña, que su posición frente a los procesos anteriormente mencionados habría generado un malestar puesto que ya existía un acuerdo tácito para desviarlos.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia admitió la petición y lo declaró como víctima del exmagistrado Malo. El exmagistrado auxiliar indicó que no busca un reconocimiento económico ya que su interés es que se sepa toda la verdad en este entramado de corrupción para que nunca más se vuelva a presentar.
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Considera que es menester defender su honra y buen nombre para no resultar salpicado en este caso. Para Rodríguez, es evidente que la exigencia de su renuncia fue “consecuencia directa de hechos de corrupción” y la presión de aquellos que habían ya entregado altas sumas de dinero para que no fueran investigados o procesados.
El pasado 13 de agosto el exmagistrado Gustavo Malo Fernández fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión en el entramado de esta red de corrupción al interior de la Rama Judicial.
En el fallo se indica que el entonces magistrado de la Sala Penal tuvo una participación activa en esta estructura criminal. "Siendo magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se unió a un grupo delincuencial con vocación de permanencia para ejecutar diversas conductas delictivas que derivaron en la lesión a la expectativa legítima que ampara a todos los asociados frente a las decisiones de las autoridades, especialmente aquellas que provienen del órgano de cierre en la jurisdicción ordinaria”:
Para la Corte Suprema es claro que el entonces magistrado negoció la función jurisdiccional a él deferida por la Constitución y la ley, recibiendo la contraprestación ilegal derivada del acto de corrupción.
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El alto tribunal determinó que en el desarrollo del juicio se comprobó que el exmagistrado incumplió su compromiso institucional al negociar la función jurisdiccional que tenía que defender ante la Constitución y la ley, recibiendo la contraprestación ilegal derivada del acto de corrupción.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia señaló que Malo Fernández actuó de manera ilegal junto al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera y el también entonces magistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien ya fue condenado por estos hechos.
Para que el 'cartel de la toga' operara sin dificultades se comprometió a recibir millonarias coimas para tergiversar decisiones judiciales, específicamente sobre la investigación que se adelantaba en el alto tribunal contra el senador Musa Besaile para desviar el proceso que se le adelantaba por presuntos vínculos con paramilitares.
"Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la organización delincuencial de la cual hacía parte -entre ellos, retirar del cargo al magistrado auxiliar que adelantaba la investigación contra Musa Besaile-, dolosamente adoptó al interior del despacho a su cargo las medidas necesarias para retardar un acto propio de sus funciones, como lo era administrar justicia bajo los parámetros constitucionales y legales, en concreto, omitió tramitar de forma célere y eficiente las diligencias que se adelantaban contra el ex senador Musa Besaile, teniendo cabal capacidad de cumplir con su deber", señala el fallo.
