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Para este viernes 2 de octubre fue convocada una sala extraordinaria en la Corte Suprema de Justicia para debatir el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación y presión a testigos.
En dicha diligencia judicial se definirá si el caso contra el exmandatario sigue en la ley 600 o pasa a la ley 906 como lo solicitó la Fiscalía General.
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Esto después que la jueza 30 con función de control de garantías le enviara el pasado 22 de marzo el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que tome una decisión de fondo sobre la petición presentada por la Fiscalía General y la cual fue apoyada por la delegada de la Procuraduría y la defensa del exmandatario.
En dicha diligencia judicial, la jueza indicó que la Sala Plena del alto tribunal deberá resolver la competencia de este caso. La funcionaria judicial ya manifestó que el proceso deberá continuar bajo la Ley 906,teniendo en cuenta que Uribe renunció al Senado el pasado mes de agosto y ya no cuenta con fuero.
El punto clave de esta discusión tiene relación con el momento en el que se presentaron los hechos que actualmente son materia de investigación, es decir, el presunto ofrecimiento de sobornos a testigos para que cambiaran su versión.
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Si el caso sigue en la ley 600 la Fiscalía General deberá resolver todo lo concerniente a la medida de aseguramiento privativa de la libertad emitida el pasado 4 de agosto por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Sin embargo, si el caso pasa al nuevo sistema penal acusatorio (ley 906) el juez de control de garantías deberá resolver la solicitud de libertad.
El abogado Reinaldo Villalba, quien representa al senador Iván Cepeda (considerado como victima dentro de este proceso) argumentó que el caso debe seguir en la ley 600
En este sentido señaló que el proceso debe seguir el curso que tenía en la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta las pruebas practicadas.
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Expertos en el tema señalaron que si el tema pasa a la ley 906, la Fiscalía General (que ya asumió el expediente) deberá evaluar nuevamente todas las pruebas y pesquisas que realizó el alto tribunal.
Es decir, el proceso podría empezar casi que desde cero y tomar una decisión de fondo, es decir, si abre un proceso formal (imputación de cargos) o archiva el caso.
Desde el pasado 4 de agosto, el expresidente Uribe se encuentra privado de su libertad en su finca de El Ubérrimo.
