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Cuando aún no se ha disipado del todo el eco de la crisis protagonizada por el cardenal Giovanni Angelo Becciu, el Vaticano enfrenta una nueva controversia por presunta desobediencia a las sanciones impuestas por el papa Francisco. Esta vez, el protagonista es el cardenal peruano Juan Luis Cipriani, el primer miembro del Opus Dei en ser elevado al cardenalato, apartado por el pontífice en 2019 tras una denuncia de abuso de menores y ahora señalado por reaparecer en público con los atributos cardenalicios que tenía prohibido utilizar.
Cipriani ha sido visto en Roma durante las jornadas previas al cónclave, luciendo hábitos de cardenal, visitando la capilla ardiente del Pontífice fallecido, acudiendo a la tumba junto al resto del Colegio Cardenalicio y participando en las congregaciones generales, según imágenes difundidas por la televisión peruana y medios como la cadena RPP.
En 2019, tras recibir una carta de una presunta víctima, Francisco dio credibilidad a la denuncia y ordenó un precepto penal que incluía sanciones severas: salir del país, mantenerse en silencio, apartarse de la vida pública y renunciar al uso de símbolos cardenalicios. El Vaticano confirmó este año la existencia y vigencia de esas medidas tras una investigación periodística publicada por EL PAÍS de España. Cipriani las aceptó y firmó el documento correspondiente. Sin embargo, desde entonces ha desafiado al Papa en múltiples ocasiones.
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El silencio del Vaticano frente al incumplimiento público del castigo ha provocado un nuevo debate interno. La sala de prensa, dirigida por Matteo Bruni, ha tenido que responder durante tres días consecutivos a preguntas de los periodistas. Bruni ha reconocido que “el caso es conocido” por el Colegio Cardenalicio, aunque ha evitado detallar si se están evaluando medidas concretas. “Si no hay decisiones, se pueden sacar conclusiones”, ha dicho con ambigüedad este miércoles.
Cipriani ya había desobedecido las órdenes papales anteriormente, como cuando en enero viajó a Lima y recibió en un acto público la medalla de oro de la ciudad de manos del alcalde Rafael López Aliaga, también miembro del Opus Dei. Tras la publicación del precepto en EL PAÍS, envió cartas públicas negando los hechos y criticando al Papa, a quien acusó de haberle sancionado “sin haberle escuchado”.
El cardenal Carlos Castillo, actual arzobispo de Lima, se encuentra en Roma y podría haber planteado el tema en las congregaciones. En enero, se posicionó claramente del lado de las víctimas y llamó a Cipriani a “abandonar las vanas justificaciones, el empecinamiento y el rechazo a la verdad”.
El reconocido experto jesuita en casos de abusos en la Iglesia, Hans Zollner, ha criticado abiertamente la pasividad del Vaticano: “Si existen sanciones y las está desobedeciendo, los cardenales deben intervenir”, declaró al diario argentino La Nación. A su juicio, no actuar mina la credibilidad del sistema disciplinario de la Iglesia.
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La situación de Cipriani no es un caso aislado. También se ha visto en Roma al cardenal Roger Mahony, arzobispo emérito de Los Ángeles, acusado de encubrir a más de un centenar de sacerdotes abusadores, y al francés Jean-Pierre Ricard, quien confesó en 2022 haber abusado de una menor de 14 años. Ambos tienen más de 80 años y no podrán votar en el próximo cónclave, pero su presencia en actos oficiales ha sido denunciada por organizaciones como Bishops Accountability, que mantiene la mayor base de datos del mundo sobre casos de pederastia en la Iglesia.
“La inclusión de un cardenal con acusaciones creíbles en las importantes reuniones precónclave expone la desconexión entre las palabras y las acciones de la Iglesia en materia de abusos”, ha denunciado esta organización. Sobre Cipriani, han sido tajantes: “Se burla de la declaración de los cardenales sobre la supuesta importancia del tema de los abusos (…) Garantiza a los obispos abusadores el continuo apoyo de sus colegas”.
