La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, asuma y ejerza de manera inmediata las funciones del Presidente de la República, tras considerar que existe una imposibilidad material y temporal de Nicolás Maduro Moros para el ejercicio del cargo, a raíz de lo que el alto tribunal califica como una agresión militar extranjera y su presunto secuestro, ocurrido el 3 de enero de 2026.
En una ponencia conjunta,fechada en Caracas el mismo día de los hechos, la Sala Constitucional sostuvo que la situación configura un escenario excepcional, atípico y de fuerza mayor, no previsto de forma literal en la Constitución, pero suficientemente grave como para amenazar la estabilidad del Estado, la seguridad nacional y la continuidad administrativa de la República.
El TSJ fundamenta su decisión en una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que regulan las faltas temporales del Presidente y la suplencia por parte del Vicepresidente Ejecutivo.
Según el fallo, la ausencia forzosa de Maduro constituye una imposibilidad material y temporal, lo que activa de manera inmediata el mecanismo constitucional de sustitución.
La Sala aclaró que la medida tiene carácter cautelar, urgente y preventivo, y que no implica una decisión definitiva sobre la calificación jurídica de la falta presidencial, sea temporal o absoluta, ni sustituye las competencias de otros órganos del Estado que eventualmente deban pronunciarse en procedimientos posteriores.
En la parte resolutiva, el máximo tribunal se declaró competente para interpretar de oficio las normas constitucionales aplicables y ordenó expresamente que Delcy Rodríguez asuma, en condición de encargada, todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes a la Presidencia de la República, con el objetivo de garantizar la continuidad del Estado y la defensa integral de la Nación frente a la agresión externa denunciada.
Asimismo, el TSJ dispuso la notificación inmediata de la decisión a la Vicepresidenta Ejecutiva, al Consejo de Defensa de la Nación, al Alto Mando Militar y a la Asamblea Nacional, ordenando su cumplimiento inmediato.
El fallo fue firmado por la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio Cardiet, la vicepresidenta Lourdes Benicia Suárez Anderson, y los magistrados Luis Fernando Damiani Bustillos, Michel Adriana Velásquez Grillet y Janette Trinidad Córdova Castro, con la secretaría de Carlos Arturo García Useche.
La decisión del TSJ se produce en medio de una escalada de tensión regional y abre un nuevo capítulo de alta complejidad política e institucional en Venezuela, con implicaciones directas para la gobernabilidad interna y el escenario internacional.