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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que suspende por 90 días la distribución de recursos destinados a programas de desarrollo exterior. La medida afecta a países de todo el mundo, pero genera una preocupación particular en Colombia, donde millones de dólares previstos para temas como desarrollo rural, protección ambiental y derechos humanos quedarán en el limbo.
Según la orden firmada por Trump, se evalúa si estos fondos “se continúan, modifican o cancelan” en función de su alineación con los intereses de Estados Unidos. “Es la política de esta administración que Estados Unidos no distribuirá ayuda que no esté alineada totalmente con nuestra política exterior”, indica el documento.
Trump justificó la decisión argumentando que muchos programas de asistencia exterior son “antiéticos” y, lejos de ayudar, contribuyen a la desestabilización global. “Promueven ideas contrarias a la armonía interna en algunas naciones”, señaló. Durante el periodo de revisión, solo el secretario de Estado, Marco Rubio, tendrá la facultad de autorizar la continuidad de algunos fondos de manera excepcional.
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Impacto significativo en Colombia
Desde el inicio del Plan Colombia, Estados Unidos ha invertido hasta 200 millones de dólares anuales en programas de desarrollo en el país sudamericano. Esto incluye proyectos de justicia, derechos humanos y medio ambiente, que ahora podrían quedar congelados. La orden también pone en peligro fondos destinados a la implementación del proceso de paz, una de las prioridades del gobierno de Gustavo Petro.
La situación es especialmente delicada porque la ayuda ya había sufrido recortes significativos en 2024, cuando los republicanos en la Cámara de Representantes lograron reducirla a la mitad. Ahora, con ambas cámaras controladas por los republicanos, se espera que esta tendencia continúe.
Decisiones políticas y tensiones bilaterales
La relación entre Washington y el gobierno de Petro se ha deteriorado en los últimos meses, con figuras como Marco Rubio expresando abiertamente su antipatía hacia la administración colombiana. Analistas como Adam Isacson, de la ONG Wola, sugieren que los fondos destinados originalmente a Colombia podrían ser reasignados a países aliados, como El Salvador, para financiar estrategias de seguridad bajo el mandato de Nayib Bukele.
La pausa en la distribución de ayuda afecta también a organismos multilaterales como la ONU y organizaciones no gubernamentales. Entre los programas que podrían ser eliminados figuran aquellos relacionados con el aborto, la inclusión y la protección ambiental, así como iniciativas en países con estrechos lazos con China, que Estados Unidos considera un adversario estratégico.
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El presidente Trump, que enfrenta críticas por esta decisión, argumenta que está actuando dentro de sus facultades ejecutivas. Sin embargo, expertos legales señalan que esto podría constituir una usurpación del poder legislativo, ya que la ley estadounidense obliga al presidente a ejecutar los fondos aprobados por el Congreso.
El antecedente más cercano de una situación similar ocurrió durante la primera administración de Trump, cuando retuvo ayuda militar destinada a Ucrania para obtener concesiones políticas. Aunque en ese caso el Congreso, controlado por los demócratas, logró revertir la decisión, el panorama actual es diferente debido al control republicano del legislativo.
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