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La pandemia de COVID-19 y el aumento de la pobreza que ha provocado, pueden abocar a "millones de niños" a trabajar y aumentar la cifra de menores explotados en el mundo, después de 20 años de reducción de este indicador, según advierte este viernes un informe de Naciones Unidas.
El estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recuerda que desde el año 2000 el número de niños explotados ha descendido en 94 millones, pasando de 245 a 151 millones, pero alerta de que la crisis económica derivada del coronavirus podría revertir estos progresos.
"En tiempos de crisis, el trabajo infantil se convierte en un mecanismo de supervivencia para muchas familias", explicó la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, quien subrayó que, "a medida que la pobreza aumenta, las escuelas cierran y los servicios sociales disminuyen, más niños se ven empujados a trabajar".
El informe no predice una cifra exacta de cuántos niños podrían verse forzados a trabajar en la actual crisis, aunque la OIT y UNICEF citan estudios sociológicos según los cuales un aumento de un punto porcentual del nivel de pobreza suele conllevar una subida de 0,7 puntos en la tasa de trabajo infantil.
Además, los menores que ya trabajan "podrían tener que hacerlo durante más horas o en peores condiciones", indican las dos agencias de Naciones Unidas, que recuerdan que más de 1.600 millones de niños se han visto afectados por el cierre de escuelas durante la pandemia.
Cuando las aulas reabran "es posible que algunos padres ya no puedan permitirse enviar a sus hijos a la escuela", consideran ambas organizaciones.
También temen una agudización de la desigualdad de género derivada de todo este fenómeno, ya que las niñas son especialmente vulnerables a ser explotadas en sectores informales como la agricultura o el servicio doméstico.
El informe propone varias medidas para mitigar el riesgo de mayor explotación infantil, que incluyen una ampliación de la protección social, la concesión de créditos a hogares en situación de pobreza, la promoción de trabajo digno para los adultos o iniciativas para facilitar el retorno de los niños a las clases.
"Tener en cuenta los problemas asociados al trabajo infantil en el marco de políticas de mayor alcance sobre educación, protección social, justicia, mercados de trabajo y derechos humanos y laborales a escala internacional supone una diferencia fundamental", subrayó el director general de la OIT, Guy Ryder.
Los grupos vulnerables, en particular aquellos que trabajan en el sector informal y los migrantes, podrían ser las principales víctimas de un eventual aumento de la explotación infantil, de acuerdo con Naciones Unidas.
En este sentido, Latinoamérica podría ser una de las regiones más afectadas, dados los importantes flujos migratorios en Centroamérica o desde Venezuela a otros países de la región y teniendo también en cuenta que el sector informal sostiene el 53 % de la economía en esas naciones.
