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El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este martes a más de 200 alcaldes de localidades golpeadas por los disturbios de la última semana a la búsqueda de respuestas a la crisis provocada por la muerte de un joven baleado por la policía.
"¿El regreso a la calma será duradero? Seré prudente, pero el pico que hemos visto en los últimos días ya ha pasado", dijo Macron al inicio de la reunión con los regidores, a quienes expresó su "apoyo" y "reconocimiento" por su "acción".
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El encuentro se produce cuando parece confirmarse una desescalada. En la noche del lunes al martes, las fuerzas de seguridad detuvieron a 72 personas, hubo 24 edificios dañados y 159 autos incendiados, pero ningún agente herido, según las autoridades.
Los disturbios estallaron el martes por la noche tras la muerte de Nahel, un joven de 17 años a quien un policía disparó a quemarropa durante un control de tránsito en este suburbio de París. Un video captó el momento del drama.
Desde entonces, se incendiaron comisarías, escuelas y ayuntamientos, se saquearon tiendas y se lanzaron cohetes a las fuerzas de seguridad, en respuesta a un drama que relanzó el recurrente debate sobre la violencia policial.
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Y el ataque con un coche durante el fin de semana al domicilio del alcalde de Haÿ-les-Roses (al sur de París), el derechista Vincent Jeanbrun, también puso de relieve la creciente violencia que enfrentan los representantes públicos.
Pero el análisis de los hechos y la respuesta se anuncia complicados. La derecha y la ultraderecha piden mano dura contra los disturbios, pero la oposición de izquierda apunta también al polémico papel de la policía en los suburbios.
Las primeras propuestas apuntan a la primera opción. Durante una visita la pasada noche a policías, Macron abogó por "sancionar económicamente" a las familias de los jóvenes que participen en los disturbios. El viernes, llamó a sus "padres" a mantenerlos en casa.
Su ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, recordó el viernes a la fiscalía la "responsabilidad penal" de quienes no ejerzan la autoridad parental, que puede conllevar penas de hasta dos años de prisión y 30.000 euros de multa (32.700 dólares).
"Si se recortan las prestaciones y las ayudas sociales, se agrega miseria a la miseria", advirtió en la cadena France 2 el líder comunista, Fabien Roussel, máxime cuando los barrios donde se produjeron los disturbios se encuentran entre los más pobres de Francia.
La reunión entre Macron y más de 200 alcaldes, que ya empezaron a llegar al Palacio del Elíseo --sede de la presidencia--, se anuncia como un momento "de terapia colectiva (...) extremadamente doloroso", en palabras del alcalde de Grigny, Philippe Rio.
Para el regidor comunista de este municipio de la región parisina, el vínculo "se rompió" con las protestas sociales de los chalecos amarillos y la contestación a la reforma de las pensiones. Estos eventos sacudieron los dos mandatos sucesivos de Macron desde 2017.
La derecha y extrema derecha subrayan en cambio el "laxismo" de la justicia, según el alcalde ultraderechista de Beaucaire (sureste) Julien Sanchez. "Lo que acaba de ocurrir es un acto criminal que exige una respuesta penal", dijo su par derechista de Charleville-Mézières (noreste), Boris Ravignon.
Desde el martes, se detuvo a 3.486 personas, se incendiaron 12.202 vehículos, se dañaron 1.105 edificios y 209 puestos de policía o gendarmería, según el último balance del ministerio del Interior.
La violencia y la ira de los jóvenes de los barrios populares recuerdan los disturbios que sacudieron el país en 2005, después de la muerte electrocutados de dos adolescentes cuando huían de la policía en un suburbio de París.
La violencia en Francia, que será sede este año del Mundial de Rugby y en 2024 de los Juegos Olímpicos, preocupó también en el extranjero. La ONU llamó además a París a ocuparse del "profundo" problema de "racismo" en la policía.
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