Perú, primer país de Latinoamérica en tener una Ley Marco de Cambio Climático

El objetivo de la norma es aprovechar las oportunidades de desarrollo sostenible con una reducción de las emisiones de carbono.
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Perú, considerado el tercer país más vulnerable del mundo al cambio climático, se convirtió este martes en el primer país de Latinoamérica en tener una Ley Marco del Cambio Climático, en línea con los compromisos del Acuerdo de París suscrito en 2015 por 193 Estados.

La norma fue promulgada hoy por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, en el marco de la última de las dos jornadas del encuentro que encabezó entre el Gobierno peruano y los gobernadores de las veinticinco regiones del país.

En compañía de su primer ministro, César Villanueva, y la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, el mandatario peruano explicó que el objetivo de la ley es aprovechar las oportunidades de desarrollo sostenible con una reducción de las emisiones de carbono además de mejorar la adaptación y mitigación del cambio climático.

Vizcarra afirmó que la promulgación de la norma "reafirma así la apuesta del Perú por el desarrollo sostenible en beneficio de la población y de las futuras generaciones".

"Debemos ser responsables para dejar una herencia a nuestros hijos. Debemos cuidar nuestros ríos, mar y amazonía. Todos debemos comprometernos", apuntó el gobernante, cuyo país tiene el compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 30 % para 2030.

La Ley Marco de Cambio Climático fue aprobada el 16 de marzo por el pleno del Congreso por 97 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra.

En Perú, el calentamiento global amenaza seriamente el mayor sistema tropical de glaciares, situado en las cumbres de los Andes, y cuya superficie en dieciséis cordilleras nevadas se redujo en un 61 % en los últimos 55 años hasta quedarse en apenas 400 kilómetros cuadrados, según las últimas cifras oficiales.

La mayoría de emisiones de gases de efecto invernadero de Perú procede de la deforestación de la Amazonía, que en 2017 perdió una superficie boscosa de alrededor de 143.000 hectáreas, equivalente a unos 200.000 campos de fútbol, talados en su mayoría para hacer cultivos a gran escala de palma aceitera y minería aurífera ilegal en ríos.

Con información de EFE


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