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La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador decidió declarar al 8 de diciembre de todos los años como día de luto nacional por el crimen perpetrado contra cuatro menores, que fueron aprehendidos ese día por una patrulla militar y hallados posteriormente calcinados en una zona de la ciudad costera de Guayaquil.
Con 92 votos, el legislativo hizo la declaratoria en "memoria de la justicia y la lucha contra la Impunidad, en honor a Steven Gerald M. L., de 11 años; Josué Didier A. B., de 14 años; Ismael Eduardo A. B., de 15 años; y, Nehemías Saúl A. P., de 15 años, que fueron desaparecidos forzadamente y sus cuerpos calcinados y con huellas de tortura fueron encontrados en las inmediaciones de Taura".
La moción la presentó la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, quien señaló que el país "no necesita más silencios cómplices".
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Recordó varios hechos de la humanidad "en los que se han registrado delitos atroces y lo sucedido con las inocentes víctimas de los desafueros, excesos, abusos y extralimitaciones en uno de los barrios populares y marginales del país, constituye una de las violaciones a los derechos humanos. Las víctimas fueron parte de los grupos humanos de atención prioritaria".
La resolución dispone la emisión de un Acuerdo Legislativo en el que la Asamblea Nacional se compromete con las familias de las víctimas a realizar todas las acciones necesarias a nivel nacional e internacional para garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición de estos hechos.
Investigaciones en curso
El pasado jueves, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, dijo que "no se puede hablar de un crimen de Estado" en el caso de los niños asesinados en Guayaquil.
"Las investigaciones están en curso (...) Yo no puedo dar por afirmado que había un operativo, eso se determinará con las pruebas. Lo que sí sé es que en este momento existe ya una formulación de cargos por el delito de desaparición forzosa, no por ejecución extrajudicial. Tampoco se puede hablar de un crimen de Estado o de un crimen de lesa humanidad", opinó.
De la Gasca dijo que el crimen "no puede quedar impune" y que han pedido a la Fiscalía que lo investigue.
La desaparición de los menores
La desaparición de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11) ocurrió la noche del pasado 8 de diciembre, después de una práctica de fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
En videos que circularon en redes sociales, se observa cómo un grupo de soldados detienen a los menores cerca de un centro comercial y los embarcan en una camioneta.
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Según las primeras versiones, los uniformados, trasladaron a los niños hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), y en el camino los dejaron en libertad, según dijeron.
El 24 de diciembre, una jueza determinó que esta desaparición debe ser investigada como "forzada" y con "responsabilidad del Estado", tras aceptar un habeas corpus interpuesto por las familias de los menores, y afirmó que durante la audiencia se presentaron elementos que hacen presumir que los 16 militares que actuaron en la aprehensión "no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos".
El pasado martes, los 16 soldados fueron procesados por el delito de desaparición forzada, por su presunta participación en los hechos, y un juez ordenó su prisión preventiva mientras duren las investigaciones.
Los menores fueron enterrados el pasado miércoles en un cementerio de Guayaquil, en medio del pedido de justicia de sus familiares y conocidos. EFE
