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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó la ocupación temporal de dos puertos estratégicos operados por una filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, tras un fallo judicial que anuló la concesión otorgada a la compañía, en una decisión que eleva la tensión política y comercial en torno al Canal de Panamá.
Durante un discurso oficial, Mulino anunció que la administración y operación de las terminales portuarias pasarán provisionalmente a manos del Estado panameño a través de la Autoridad Marítima Nacional, con el objetivo de garantizar una operación “ininterrumpida, segura y eficiente” de instalaciones consideradas clave para el comercio mundial.
El mandatario aclaró que la medida afecta únicamente los equipos móviles de los puertos y no implica la expropiación definitiva de los activos privados.
Panamá añadió que compensará económicamente a los propietarios mientras dure la ocupación, salvo que el equipamiento sea transferido a nuevos operadores mediante futuros procesos de concesión.
Empresa denuncia ocupación ilegal
La filial panameña de CK Hutchison rechazó la decisión y calificó la intervención estatal como ilegal, asegurando que responsabilizará al gobierno por cualquier daño ocasionado.
Según declaraciones recogidas por medios locales, la compañía sostuvo que la ocupación se realizó sin coordinación ni transparencia suficientes.
El conglomerado fundado por el magnate hongkonés Li Ka-shing, mantiene desde hace meses una disputa con las autoridades panameñas por la revocatoria de sus derechos operativos sobre los puertos, una controversia que ahora adquiere una dimensión internacional.
Las acciones de CK Hutchison registraron caídas en la bolsa de Hong Kong tras conocerse la medida.
Batalla indirecta entre Washington y Pekín
El conflicto portuario se ha convertido en un nuevo capítulo de la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China en América Latina.
La decisión del Tribunal Supremo panameño de anular la concesión en enero fue celebrada por Washington, mientras que Pekín respondió suspendiendo conversaciones sobre nuevos proyectos de inversión en Panamá.
La disputa también está vinculada a una compleja negociación internacional mediante la cual CK Hutchison busca vender 43 terminales portuarias globales a un consorcio respaldado por la firma estadounidense BlackRock, operación que podría generar más de 19.000 millones de dólares en efectivo para la compañía asiática.
Para facilitar la aprobación del acuerdo por parte del gobierno chino, la empresa invitó previamente a la estatal China Cosco Shipping Corporation, a integrarse al consorcio comprador, reflejando el delicado equilibrio político que rodea la transacción.
Operación provisional y nueva licitación
Mulino confirmó que el gobierno firmó contratos temporales con APM Terminals, filial del gigante naviero danés AP Moller-Maersk, y con la compañía suiza MSC Mediterranean Shipping Company para garantizar la continuidad operativa de los puertos mientras se define su futuro definitivo.
El Ejecutivo panameño anunció además que iniciará un proceso de licitación internacional abierta y que las concesiones serán adjudicadas a dos operadores distintos, en un intento por diversificar la gestión portuaria y reducir riesgos estratégicos.
La controversia se remonta a una auditoría anunciada por la Contraloría General sobre la concesión portuaria, iniciada antes del cambio político en Estados Unidos y en medio de crecientes preocupaciones sobre la influencia china en infraestructuras críticas del hemisferio occidental.
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